El proceso electoral en curso es el más grande que se ha realizado en la historia del INE, antes IFE, no sólo por los 20 mil 792 cargos de elección popular que estarán en disputa, sino también por los casi 93 millones de personas que integran la Lista Nominal de Electores. Esto implica retos operativos, pero también desafíos en la instrumentación de medidas inéditas relacionadas con la aplicación del principio de paridad e inclusión de grupos que han sido históricamente discriminados.
En primer término, la reforma constitucional denominada “paridad en todo” planteó la inclusión de mujeres en todos los niveles de gobierno, por lo que 50 por ciento de todos los cargos de elección popular deberán ocuparse por mujeres; dada la ausencia de reglas para garantizar la paridad en las gubernaturas, en el INE aprobamos un Acuerdo en el que se determinó que al menos siete mujeres debían ser postuladas para las 15 gubernaturas que se renovarán. Dicho Acuerdo fue impugnado y finalmente el Tribunal Electoral estableció prácticamente la misma medida al vincular a los partidos políticos nacionales a postular a siete mujeres como candidatas.
Para la renovación de la Cámara de Diputados y Diputadas, además de las medidas para el cumplimiento del principio de paridad, emitimos acciones afirmativas con la finalidad de que se postularan por lo menos ocho fórmulas de personas con discapacidad, 30 de indígenas, cuatro de afromexicanas y tres de la comunidad LGBTTTIQ+, por ambos principios, garantizando siempre la paridad de género. Con acciones como estas se van moldeando las bases para una nueva etapa democrática que reconoce la diversidad como una fortaleza.
Por primera vez se implementará la reelección de las y los legisladores federales, y ante la falta de legislación secundaria, el INE emitió lineamientos para regular este proceso, destacando que no será necesario que se separen del cargo, sin embargo se vigilará que se respeten los principios constitucionales de certeza y equidad de la contienda electoral.
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También se instrumentará una prueba piloto para que puedan emitir su voto aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva atendiendo el principio de presunción de inocencia. Los Ceferesos ubicados en Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán serán parte de este ejercicio vinculante que servirá para determinar su aplicación en las próximas elecciones de 2024, tal como fue ordenado por el Tribunal Electoral.
Por último, la pandemia de COVID-19 implicará una estricta observancia de las medidas sanitarias emitidas por las autoridades en materia de salubridad con el fin de proteger la salud y garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. El INE, por su parte, a partir de la experiencia internacional, así como de los comicios efectuados en Coahuila e Hidalgo (2020), aplicará medidas efectivas para minimizar cualquier riesgo.
POR DANIA RAVEL
CONSEJERA ELECTORAL
@DANIARAVEL