Sorprende la reacción tan virulenta del gobierno contra el informe sobre corrupción gubernamental de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Tan dura fue su reacción que el periódico oficial de la 4T, La Jornada, se permitió una ofensiva contra esa asociación civil, señalando que es investigada por el SAT por prácticas de fraude fiscal. En un artículo publicado a ocho columnas, el periódico afirma que la jefa del SAT dijo que “el grupo fundado por Claudio X González usa tácticas de factureras. Mete nóminas de personas y de servicios que no existen y donativos que no son donativos, sino transferencias para otro tipo de acuerdos”. La nota fue tomada, aparentemente, de una entrevista radiofónica que ofreció el SAT.
La jefe del SAT tuvo a bien aclarar que no hay persecución contra MCCI, aunque habla de haber encontrado cosas “impresionantes”, sin referirse específicamente a la organización que refiere La Jornada y sin decir qué cosas le impresionaron.
El periódico “infirió” que se trataba de MCCI porque, afirma, “grupos relacionados con X González han interpuesto amparos contra algunas de las obras y decisiones impulsadas por el actual gobierno…”.
MCCI respondió al artículo de La Jornada diciendo que campañas de este tipo tratan de intimidar a la sociedad civil para que no opine sobre los quehaceres del gobierno o simplemente para acosar a quienes consideran sus adversarios.
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Agregó que la acusación era falsa, ya que el SAT había emitido, el día 4 de febrero de 2021, su “opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo”, en relación con la situación fiscal de la organización.
Ante ello, dice MCCI, “seguiremos trabajando para contribuir al desarrollo de una sociedad democrática, informada y crítica”.
Entonces, salta al tablero de ajedrez la pregunta: ¿qué dijo MCCI que tanto molestó al Presidente, al gobierno y a sus voceros, formales e informales?
El informe en cuestión, denominado “El Combate A La Corrupción Durante Los Primeros Dos Años De AMLO”, consta de 77 páginas con una introducción, casos emblemáticos y protagonistas de la corrupción 2019-2020, revisión de acciones anticorrupción, propuestas de política pública: la agenda pendiente y bibliografía.
En la introducción se afirma que “es momento de hacer un...corte de caja y evaluar qué ha pasado en cuanto a nuevas medidas de anticorrupción emprendidas por el gobierno, así como una identificación de cómo se han materializado los nuevos actos de corrupción. El discurso oficial en el que se asegura que la corrupción y la impunidad ya se han terminado, además de pretender enfrentar un complejo problema sistémico con fórmulas extremadamente simplistas, también es falso”.
En el apartado sobre casos emblemáticos y protagonistas de la corrupción, se seleccionaron 9 casos y 8 personajes que reflejan las formas de corrupción más comunes de la actual administración.
Los casos y protagonistas más relevantes de corrupción en esta administración, cuando no los únicos, son Pablo Amílcar Sandoval, superdelegado en Guerrero, Carlos Lomelí, superdelegado en Jalisco, Ana Gabriela Guevara en CONADE, Fideicomiso de Morena para damnificados del sismo, Manuel Bartlett de CFE, León Manuel Bartlett proveedor del gobierno, compras en PEMEX, LICONSA, Rocío Nahle, Dos Bocas y su compadre, robos en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), Alejandro Esquer secretario particular del Presidente, familiares del Presidente, contratos del IMSS para el hermano del director, el director de prensa de Presidencia Jesús Ramirez, anomalías en programas sociales y los delegados del Bienestar.
Detallar cada uno de los casos rebasa la intención de este artículo. Baste decir que cada uno refleja prácticas de nepotismo (Bartlett e hijo, Nahle, familiares del Presidente, Alejandro Esquer, director del IMSS), falta de transparencia (Lomelí, INDEP, delegados del Bienestar), abuso de poder (todos pero especialmente Ana Gabriela Guevara, Manuel Bartlett), desvío de recursos (Pablo Amílcar Sandoval, Fideicomiso, LICONSA, INDEP, anomalías en programas sociales, delegados del Bienestar), conflicto de interés (Nahle, Bartlett, Lomelí), contrataciones públicas opacas (Nahle, PEMEX, Ana Gabriela Guervara) y contratación de empresas fantasma (todos, especialmente Esquer y familiares de AMLO, Jesús Ramírez, delegados del Bienestar).
En la semblanza de cada caso quedan confirmados los elementos y señalamientos hechos por MCCI, además del sustento informativo junto con el contexto en el cual acontecen los hechos referidos. En ninguno de estos casos se ha detectado una acción afirmativa del gobierno para combatir y sancionar actos de corrupción.
Después de revisar las propuestas, decisiones y acciones del gobierno en sus primeros dos años de gobierno, el estudio concluye que “después de dos años de gobierno sigue estando pendiente la articulación de una verdadera política integral que nos permita combatir este mal sistémico”. (p.60)
MCCI propone una serie de políticas públicas orientadas, justamente, a atacar este “mal sistémico”, que incluyen fortalecer las instituciones autónomas para el combate a la corrupción, cerrar espacios de corrupción en contrataciones y compras gubernamentales, además de crear un padrón único nacional de proveedores y contratistas del gobierno.
También propone reducir la discrecionalidad en el gasto público y reasignación de recursos, crear un padrón único de beneficiarios de programas sociales, reforzar mecanismos de transparencia y gobierno abierto.
Finalmente sugiere incorporar el sector privado al combate a la corrupción, que la Secretaría de la Función Pública y el SNA implementen sistemas tecnológicos para la verificación de la evolución patrimonial y declaración de intereses de los empleados públicos y eliminar el financiamiento ilegal a los partidos políticos.
El MCCI realizó un diagnóstico profundo y a detalle del problema de la corrupción en el gobierno de AMLO. Y lo que descubrió obviamente disgustó al Presidente y sus colaboradores. Parece necesario sugerir al gobierno que, en vez de atacar a la sociedad civil por exponer una realidad que es un secreto a voces y tratar de matar al mensajero, sería más provechoso que el Presidente y los suyos se dediquen a resolver los problemas planteados en el estudio.
¿Acaso es mucho pedir?
POR RICARDO PASCOE PIERCE
RICARDOPASCOE@HOTMAIL.COM
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