La Constitución de 1917 ha sido uno de los logros más importantes del derecho contemporáneo, la razón de ello no es solamente que en su construcción esté incluida la parte dogmática y orgánica, es decir, las garantías individuales, los derechos humanos y el funcionamiento del Estado con la división de Poderes y la Democracia, es algo más. Esta Carta Magna –por primera vez en la historia jurídica del mundo— le dio rango constitucional a las Garantías Sociales; ordenó que la propiedad privada quedara sujeta a las modalidades que dicta el interés público; aceleró el proceso de la repartición agraria y, con esta teleología, pretendió crear un Estado Social de Derecho, que permitiría a las clases sociales más vulnerables un régimen de bienestar. No se trató en modo alguno de un Sistema Socialista, sino de un Sistema de Capitalismo Social avanzado, que imaginó el talento del Constituyente, apoyado en la demanda popular y en la historia y, que más tarde, en gran parte, se sustentó en la Teoría Económica de Keynes.
Esta concepción del Sistema Capitalista tuvo éxito durante decenas de años, no obstante, la caída de la Unión Soviética implicó el regreso al Capitalismo salvaje representado por las Teorías Neoliberales de Friedrich Von Hayek, Ludwig Von Mises y Milton Friedman que, impulsadas por Margaret Thatcher en la Gran Bretaña y por Ronald Reagan en los Estados Unidos, cobraron carta de naturalización en el mundo occidental.
Para lograr los fines de la Constitución, cuyo aniversario hoy celebramos, se requería –sin la menor duda— de un Estado fuerte, que pudiera ser rector del desarrollo de la economía.
El desmantelamiento de este Sistema Constitucional se ha venido consumando por la influencia del modelo neoliberal, que permitió el crecimiento grosero de capitales privados, frente a una enorme pobreza colectiva. Este modelo está en crisis, lo que ha permitido que surjan regímenes políticos populistas y autoritarios.
Si queremos lograr los fines originarios de la Constitución, se requiere reconstruir un Estado fuerte y con una línea de política económica que nos permita avanzar a una distribución de la riqueza. En este concepto de rectoría del Estado, juega un papel fundamental –para preservar nuestra soberanía— la propiedad de los energéticos como el uranio, el petróleo y la electricidad.
El gobierno de López Obrador se ha declarado en contra del neoliberalismo, pero, en el ejercicio de la política pública, esto no se ha reflejado de manera clara y ordenada; no obstante, desde esta perspectiva de política mundial y de soberanía es donde podemos estudiar y calificar la iniciativa preferente, que hoy se ha planteado frente al Congreso, para ordenar la producción y el consumo del Sistema eléctrico.
Mas allá de las absurdas polarizaciones y contradicciones, quienes tienen la obligación de pensar y de reflexionar a fondo el destino del país, deben tener un atalaya de observación, que contemple nuestro futuro sin pasiones mezquinas.
La Constitución debe prevalecer en sus paradigmas fundamentales; nuestra obligación es encauzarla por un conducto que no rompa la armonía del desarrollo y el progreso nacional.
Alfredo Ríos Camarena