Golpe a la industria eléctrica nacional

El esquema que se propone aumentaría los costos de generación de la CFE y las tarifas a los consumidores

Golpe a la industria eléctrica nacional
Emilio Suárez Licona / Colaborador / Opinión El Heraldo de México

El pasado primero de febrero, el titular del Ejecutivo Federal remitió a la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, con el carácter de iniciativa preferente en los términos de la Constitución. Desde entonces se ha desatado una discusión muy relevante en el ámbito público en torno a los alcances y eventuales afectaciones que derivarían de la aprobación de dicho instrumento. En términos generales, la iniciativa pretende garantizar el despacho prioritario de las centrales de la CFE respecto de otros participantes del sector. También pretende modificar el esquema para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias, así como eliminar las subastas como mecanismo para la celebración de contratos de cobertura eléctrica y compra de energía eléctrica adicional.

Quizás el ámbito de afectación que se vislumbra de manera más clara al desmembrar los componentes de la iniciativa gira en torno a la competencia en el sector eléctrico, ya que la eliminación de las subastas eléctricas deterioraría marcadamente la competencia en el mercado. Esto no resulta trivial, ya que el esquema que se propone aumentaría los costos de generación de la CFE y, por lo tanto, las tarifas reales de los consumidores, poniendo en último lugar a los generadores privados pese a que compiten con precios más bajos. En tales condiciones, se presentaría un panorama regulatorio que desincentivaría la inversión y generaría pérdidas en las centrales existentes.

En tales circunstancias surgiría el escenario propicio para la presentación de controversias en el ámbito internacional por parte de inversionistas del sector eléctrico, quienes podrían aducir transgresiones a lo estipulado en los tratados de libre comercio celebrados por nuestro país, particularmente el T-MEC. Lo anterior, al considerar que la nueva regulación implica una expropiación indirecta, en estricta vulneración de las inversiones protegidas al amparo de dichas disposiciones. En el ámbito social, la aprobación de la reforma generaría afectaciones relevantes sobre sobre los sectores más vulnerables. Lo anterior, en el entendido de que la mayoría de los parques de generación de energías limpias -que se verían directamente afectados- han sido factor relevante para la generación de empleos y la producción de beneficios económicos por el arrendamiento de tierras en zonas rurales.

 

En el contexto de lo expuesto, y ante la evidencia que indica inequívocamente las graves implicaciones que representaría aprobar en sus términos la iniciativa del Presidente, el Congreso tendrá que encontrar la manera de generar los espacios de análisis, reflexión y consenso que permitan calibrar un producto legislativo que atienda la legítima pretensión de fortalecer a la CFE, al tiempo de salvaguardar la competencia en el sector, honrar los compromisos internacionales de nuestro país y garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en materia de transición energética.

 

POR  EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL

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