En esta columna hemos tratado de hacer visibles las consecuencias del huachicol carretero como una actividad ilegal que conlleva significativos costos en perjuicio de la sociedad en su conjunto; quienes cometen este delito se apropian, mediante métodos violentos, de recursos que, en condiciones normales, son destinados a mejorar la operación y a procurar el correcto mantenimiento y conservación de las vías de comunicación, así como a generar más y mejor infraestructura y al pago de impuestos y contraprestaciones.
Existen también costos que aún no son del todo cuantificados, pero que, sin duda, son significativos: pérdidas logísticas, retrasos importantes en los traslados de personas y bienes, daños en propiedad ajena, entre otros.
Para entender este fenómeno en toda su dimensión, es importante hacer énfasis en que las autopistas de cuota son propiedad de la nación; nuestra Constitución Política y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establecen los mecanismos y reglas mediante los cuales, el Estado mexicano podría otorgar en concesión la construcción, la operación, la explotación, el mantenimiento y la conservación de dichas autopistas.
Vale la pena señalar que organismos públicos como Fonadin, Banobras y Capufe son concesionarios de más de cinco mil kilómetros de vías federales de cuota en el país. En el caso de los concesionarios particulares, estos, en su conjunto, operan una red de similar tamaño. Este dato explica el significativo daño que el huachicoleo carretero impone a la sociedad mexicana. Cuando una caseta es tomada, el gobierno y los particulares conllevan un relevante costo por peajes no cobrados, pero también hay un perjuicio directo, como el Presidente lo ha señalado repetidamente, a la Hacienda Pública, ya que la ausencia de ingresos genera menor recaudación de impuestos.
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Es justo esta dimensión tan perniciosa la que ha exigido que autoridades (federales y estatales), el Poder Legislativo y los concesionarios de autopistas redoblemos esfuerzos para que, desde la lógica de la responsabilidad compartida, erradiquemos este cáncer lo antes posible.
Ha sido justamente la colaboración interinstitucional la que, en conjunto con los operadores de estas vías, ha permitido poner en marcha exitosos operativos para recuperar el control de diversas plazas de cobro.
A partir de la instrumentación del programa Caseta Segura, a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPCC), se ha recobrado la normalidad en importantes autopistas en entidades como Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Morelos y en buena medida Jalisco; la participación de los gobiernos estatales en dichos operativos ha sido clave. El involucramiento directo de los gobernadores y sus fiscalías ha sido un elemento de gran relevancia en la estrategia del gobierno federal en contra de la toma de casetas. Un elemento adicional es que se incluye la detención y procesamiento de los miembros de los huachicoleros.
En adición a las acciones del gobierno federal en colaboración con las autoridades estatales, vale la pena resaltar el papel que el Congreso comienza a jugar. El 15 de diciembre, la Cámara Baja aprobó una reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, presentada por los Diputados Juanita Guerra (presidenta de la Comisión de Seguridad Pública), Víctor Manuel Pérez (presidente de la Comisión de Comunicaciones) y Carlos Elhier Cinta. Esta propuesta busca imponer penas de hasta siete años de prisión a quien ejerza el huachicol carretero.
La iniciativa ya fue turnada al Senado de la República y se espera que sea discutida y votada en las próximas semanas. De aprobarse, se daría un paso fundamental en contra de esta actividad criminal. Esta propuesta de reforma de Ley es relevante también porque, desde el Congreso federal, se reconoce que el huachicol carretero es una ilegalidad con amplias afectaciones sociales.
Estas acciones han generado alerta entre grupos huachicoleros, los cuales durante diciembre y enero intensificaron las tomas de caseta en Jalisco y Michoacán; asimismo, es posible que, a medida en que se acerque la elección intermedia de julio de este año, dichas organizaciones incrementen sus acciones (es una tendencia que se ha identificado en anteriores procesos electorales).
Estas agrupaciones cuentan con recursos (las tomas de casetas les han representado importantes ingresos) y capacidad de movilización. Para erradicarlas, será necesario continuar el trabajo de coordinación entre gobierno y concesionarios, así como concretar cambios a la Ley.
Por Fernando Franco
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