Hay una historia que se repite en el occidente del país: en muchos municipios la fuerza del narcotráfico ha tomado como rehén a las autoridades locales. Es cierto que en México tenemos amplias zonas de violencia extrema y que la tasa de homicidios sigue en aumento; sin embargo, el narcotráfico toma nuevas dimensiones e inicia la ordeña económica de los ayuntamientos.
No tratan los delincuentes de buscar la complicidad de las fuerzas policiacas en sus fechorías, eso lo han hecho desde tiempo atrás, ahora el objetivo es apropiarse de los recursos públicos. Los impuestos que todos pagamos terminan en cuota de piso para los narcotraficantes.
Las autoridades, algunos partidos e incluso los tribunales electorales negaron la participación del crimen organizado en los pasados comicios. El alud de información que circula sobre ese tema no ha sido suficiente para despertar la curiosidad y ordenar una investigación profunda. Es como si tratara de hacer invisible o normalizar una realidad que anuncia a muy corto plazo una terrible tragedia.
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Las historias corren en los pasillos de la política. En todos los partidos hay referencias próximas a los relatos que dan cuenta de las penalidades que viven los alcaldes y los funcionarios municipales. “Somos un municipio pobre y me pidieron una cuota de 100,000 pesos al mes, incluso me dan facturas para comprobarlos”, “tomaron protesta el lunes y la siguiente semana renunciaron”, “en ese municipio el INE nos pide mujer y el narco nos exige un hombre”, “nadie se registró”, “llegaron las participaciones y el narco nos pidió un moche”, “los señores tienen constructoras y quieren que sin licitar les demos obras”, “en mi municipio me pusieron al tesorero”.
Es cierto que una estrategia basada únicamente en el uso de la fuerza pública es ineficaz para lograr la seguridad, pero igual sucede cuando esperamos que una actitud moral resulte suficiente para revertir la situación actual. Incluso, ante la determinación de la ley, el uso de la fuerza pública no puede ser negociado y tendría que aplicarse sin vacilación para restaurar el orden. La experiencia italiana nos dice que la delincuencia convertida en mafia no se contenta con su actividad ilegal de origen y que siempre estará atenta a diversificar su campo de actuación. No es difícil darse cuenta que en México, igual de lo sucedido en aquel país, los grupos delincuenciales tienden a realizar funciones que le competen al gobierno, incluso al Estado.
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En el Padrino, dramatización de la vida de un delincuente, vemos al jefe de la Gavilla solicitar favores administrativos, impartir justicia e incluso ejercer la función de arbitro y garante. Lo anterior ya pasa en México y en particular en muchas áreas del pacifico.
El tema en la opinión pública es complejo: así como no falta quien hace caso omiso a lo que sucede, también abundan los que creen y difunden sugerencias sobre la imposibilidad de restaurar el orden. Sin embargo, para unos y otros queda el ejemplo de lo realizado en algunas zonas del país donde con empeño y dedicación se restauró la paz, cuando menos momentáneamente.
Al preguntarles a las autoridades afectadas sobre su omisión de denunciar, la respuesta se puede sintetizar en lo siguiente: “No confió en nadie”, “nadie hará nada para cambiar las cosas”, “me van a dejar solo”, “me mataran a mí y a mi familia”.
Por Rubén Moreira
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