El origen del Decretazo fue, aparentemente, producto de una exigencia de los militares albañiles al presidente López Obrador. En esencia, le dijeron al mandatario: “El cumplimiento con todas las exigencias “burocráticas” de proyectos técnicos, planes, permisos, licencias y otorgamiento de contratos a proveedores que la ley exige en nuestras obras, nos quita tanto tiempo y retrasan el trabajo que no vamos a poder terminar las obras en los tiempos, fechas y costos que usted nos exige, presidente”. Y, a continuación: “Haga algo”.
De ahí nació el Decretazo. De una exigencia militar. ¿Exigencia o imposición? ¿Qué más da? Fue producto del pensamiento militar impuesto a un gobierno civil, donde la idea prevaleciente es que si la instrucción a los militares es construir algo, se hará en tiempo y forma, independientemente de las exigencias burocráticas como cumplir con la ley sobre temas de seguridad, criterios ambientales, sociales, transparencia, entre otras nimiedades.
Existe una gran diferencia entre el pensamiento de un gobierno militar y el pensamiento de un gobierno civil. Este Decretazo así lo revela. Aparte de que viola la Constitución e infinidad de leyes, recoge la esencia misma del pensamiento autoritario, que es, también en esencia, el pensamiento militar.
El pensamiento militar es vertical, jerárquico e indiscutible. Es un pensamiento moldeado para situaciones de conflicto armado. En ese contexto, el pensamiento militar parecería indispensable y necesario. Las órdenes se instruyen en medio del desgaste de la confrontación que implica la guerra-grande o pequeña es irrelevante. En el ejército no se practica la democracia, y las órdenes y leyes se cumplen al pie de la letra. Lo diría cualquier militar: el cumplimiento estricto de las órdenes es condición necesaria para salvar vidas y ganar la guerra.
Obediencia, cumplimiento de las órdenes y el deber son las instrucciones militares esenciales desde el primer momento en que uno se acerca a la institución castrense. Insisto: el ejército no es una institución basada en ejercicios o criterios democráticos.
Siendo así las cosas, es imprescindible preguntar: ¿por qué el presidente de la República insiste en tener, como aliado fundamental de su gobierno, a las Fuerzas Armadas? Parecía que los generales estaban satisfechos con su papel como muro de contención al crimen organizado y fuerza de atención a desastres naturales. ¿A qué necesidad responde el darles un papel protagónico y oscuro en tareas centrales del gobierno civil, un gobierno que presume de un ejercicio democrático ejemplar?
El gobernante que cree que es posible gobernar democráticamente con un ejército metido en el corazón y la médula de las funciones de la administración pública civil se equivoca, ya sea por arrogancia o por ingenuidad. Cuando las Fuerzas Armadas ingresan a la gestión gubernamental, lo hacen para gobernar bajo sus criterios, no bajo criterios democráticos y civilistas. La experiencia en América Latina es muy clara al respecto. Cuando los civiles introducen a los militares en el cumplimiento de las tareas civiles, siempre, repito: siempre terminan mandando los militares, de facto o de jure.
Los civiles han inventado el mito sobre la subordinación de los militares a la Constitución y los mandamientos legales aprobados por civiles en sus Congresos y cortes de justicia. Salvador Allende introdujo militares a su gabinete, pensando que así lograría frenar las tentaciones golpistas. Y le fue como le fue. En su caso, creo que el presidente fue ingenuo, porque creyó el discurso de su bloque político, la Unidad Popular, de que los militares eran institucionales y jamás traicionarían a la Constitución de Chile.
En otros casos, como en Perú, el presidente Fujimori utilizó a las Fuerzas Armadas para ejecutar un autogolpe de Estado para afianzarse en el poder.
En todo caso, la arrogancia de un mandatario que introduce a las Fuerzas Armadas a la gestión civil para afianzar o modificar drásticamente la correlación de fuerzas políticas en el país abre un juego en extremo peligroso, entre otras cosas porque pone en acción la posibilidad de la extinción inminente de las instituciones democráticas.
Esto es así por el carácter esencialmente autoritario de la organización castrense. El no reconocer esta esencial diferencia entre la organización política civil y la castrense ha llevado a muchas sociedades a un sufrimiento prolongado. Solamente un entendimiento cabal de la función diferenciada de lo civil y lo castrense puede llevar la sociedad en un entendimiento correcto sobre el papel necesario de cada ámbito. Porque lo castrense es tan necesario como lo es lo civil. Pero cada función tiene su ámbito de competencia, con los puntos de encuentro perfectamente definidos por las leyes aplicables.
El Decretazo es la peor señal de que ese punto de distinción entre lo civil y lo militar ha sido quebrado, distorsionado y violado indebidamente en México. Cuando los militares imponen sus criterios autoritarios a la administración pública y los civiles los aceptan pasivamente y sin cuestionamiento alguno, entonces la sociedad se encuentra en el tortuoso camino de la pérdida de los valores democráticos que deben gobernar sobre los impulsos autoritarios que subsisten el sectores del pensamiento del país.
Hoy en México es hora de que salgan los soldados de la administración pública y se debe asegurar su regreso a la función constitucional esencial que les corresponde: la protección a la sociedad de los ejércitos irregulares violentos que campean en todo el territorio nacional con un manto inexplicable de impunidad, creando su propio Estado dentro de otro. Ojo: no digo que regresen a sus cuarteles: deben regresar a su función constitucional dentro de la sociedad.
POR RICARDO PASCOE PIERCE
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