Hemos escuchado por quince años que la estrategia de seguridad en contra del crimen organizado en México no ha sido efectiva, ni mucho menos ha sido la adecuada. Desde el lejano año de 2006 las cifras de muertes y desapariciones forzadas son mayores a las ocurridas en países que tienen un conflicto armado. Quince años desoyendo a las voces de expertos en seguridad, de organismos internacionales y, lamentablemente, de los familiares de aquellos que se tomaron como “daños colaterales”.
En este mismo periodo, el actual presidente, en sus años de oposición mencionaba una y otra vez que “la militarización no es la respuesta” e insistía que el Ejército volvería a los cuarteles en seis meses a partir de su llegada a Palacio Nacional. Aquellas promesas de campaña no solo no se han cumplido, sino que la presencia de las Fuerzas Armadas se ha incrementado a lo largo y ancho del territorio nacional. La sumatoria de efectivos castrenses realizando labores policiales llegó a 80 mil (esto aunado a la Guardia Nacional), la cifra más alta desde el inicio de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”. Para dimensionar lo anterior, en el punto más álgido de despliegue militar (realizando labores de policías locales), en 2011 había poco más de 52 soldados en las calles, hoy la cifra es 50 % más elevada.
La continuación de esta fallida estrategia castrense va completamente en contra de solucionar los problemas de las policías estatales y, en mayor sentido, de las policías municipales, el eslabón más débil de los niveles de gobierno. Seguir con el Ejército en las calles no es la respuesta para mitigar al crimen organizado ni para generar las reformas necesarias en las policías civiles. Los números no mienten, la violencia desbocada, la “pelea por las plazas”, la imbricación en la vida pública y las operaciones por parte del crimen permanece permanente, mientras las acciones por parte del gobierno son las mismas. Como ejemplo está la reciente creación del “Batallón de Seguridad Turística” anunciado en el estado de Quintana Roo hace un par de días.
Sin embargo, la permanencia de las FFAA no es fortuita, López Obrador entiende que con ello le permite controlar la seguridad pública de todo el país, es decir centralizar estrategia, operaciones y mandos. Tampoco es casualidad que tenga al Ejército y Guardia Nacional realizando labores del ámbito civil, como la construcción del Banco del bienestar, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería en Dos Bocas o entregando libros escolares, supervisando el plan de vacunación, etcétera, pues para el presidente los militares son “el pueblo uniformado” y las y los mexicanos lo consideran la institución más confiable del país.
Así pues, todo parece indicar que en esta administración no se cambiará -ni una coma- a la estrategia militarista que impera en el país desde hace quince años. Es evidente que tampoco habrá resultados positivos en materia de seguridad para la sociedad mexicana. Es urgente y necesario cambiar el enfoque en esta materia, colocar al centro a los cuerpos policiacos municipales, dotarlos de un presupuesto suficiente, capacitación y evaluación constante, coordinación central con mandos estatales. Nadie conoce mejor el territorio que los habitantes y funcionarios locales. Se tiene que dejar de normalizar la presencia de la milicia en las calles, México debe dejar de ser un estado pintado de verde olivo.
POR ADRIANA SARUR
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