La construcción de la democracia es una labor cotidiana que afronta constantes retos y amenazas por parte de actores políticos y poderes fácticos, mismos que parecen determinados a truncar la libre determinación de los pueblos en beneficio de intereses personales o de grupos, en algunos casos incluso de carácter delincuencial.
La reciente elección del 6 de junio fue muestra de los riesgos que persisten en nuestro incipiente y frágil sistema democrático. A pesar de los esfuerzos del órgano electoral, mismo que igualmente ha sido foco de los reiterados ataques del inquilino de Palacio Nacional, el proceso se vio opacado por la violencia generalizada que coaccionó el voto de miles de ciudadanas y ciudadanos, especialmente en entidades de la costa del pacífico mexicano. Dicha intimidación forzó el cierre anticipado de casillas, provocó miedo y evitó que la voluntad popular prevaleciera.
En estados como Michoacán, la virulencia de la delincuencia organizada fue particularmente visible y dramática. Municipios enteros fueron asediados por bandas de maleantes en clara complicidad con un partido político: Morena. Dicha relatoría de los hechos, con pruebas contundentes, fue la columna vertebral de la impugnación que el PRD presentó para buscar la nulidad de dicha elección estatal.
Los hechos controvertidos fueron reconocidos por el máximo tribunal en materia electoral del país, no obstante, en un contrasentido histórico, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aceptó la injerencia del crimen organizado, pero se negó a actuar en consecuencia, dejando en la indefensión a cientos de miles de michoacanas y michoacanos.
La sentencia del TEPJF en el caso Michoacán sienta un muy peligroso antecedente, significa un retroceso en la lucha de décadas por edificar un aparato electoral confiable y equitativo, y abre la puerta a la intromisión de organizaciones delincuenciales, de cualquier tipo, en perjuicio no sólo de quienes radican en aquella entidad, sino de todas y todos los mexicanos.
El año que se avizora incluye la celebración de seis elecciones de gubernaturas, se trata de comicios que marcarán el destino de millones de familias.
Bajo la premisa de lo acontecido en 2021, la posibilidad de que se repitan las agresiones contra funcionarios de casilla, representantes partidistas y electores, es una realidad latente. La autoridad electoral y jurisdiccional está obligada a hacer una profunda reflexión y no recaer en lo yerros que, por presiones políticas o de cualquier índole, dieron pie a que se avalaran las acciones criminales que hoy tienen a nuestra democracia en jaque.
POR LUIS ESPINOSA CHÁZARO
COORDINDOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
@LUISCHAZAROMX
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