De unos años para acá, Venezuela se ha convertido en un trágico ejemplo de lo mal que puede acabar un país cuando sus gobernantes aplican políticas equivocadas. Entre las muchas cosas negativas que asociamos con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro (represión, pobreza, delincuencia, inflación…) Venezuela es también tristemente famosa por sus “apagones” que pueden durar varios días y que son la punta del iceberg de una crisis energética de enormes dimensiones.
¿Cuál es su origen?
Como parte de su “revolución bolivariana”, en 2010 el chavismo aprobó una Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que reservó para el Estado todas las actividades del sector y, en consecuencia, prohibió la participación privada e integró las empresas eléctricas existentes en una sola: la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
¿Qué ha pasado en Venezuela después de esta reforma? El sistema es incapaz de satisfacer la demanda de electricidad, por lo que debe racionar el servicio y los apagones son frecuentes. Además, carece de sustentabilidad ambiental. Las fallas eléctricas han traído consigo deficiencias en servicios que operan con electricidad, como el agua, el internet o los teléfonos. La Corpoelec está quebrada, partidizada, inundada de corrupción y su “servicio” es ineficiente y caótico. No hay recursos para construir nuevas líneas de transmisión ni para darle mantenimiento a las plantas eléctricas existentes. Por cierto, en 2013 Maduro ordenó la militarización del sistema eléctrico.
La reforma en materia eléctrica que el presidente López Obrador envió al Congreso, como parte de su Cuarta Transformación, parece una calca de la venezolana: propone el retorno a un monopolio público en el abastecimiento de la energía eléctrica y prácticamente también en la generación —con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como actor preponderante— y busca terminar con la participación privada en el sector al cancelar los permisos de generación y los contratos de compraventa de electricidad, lo cual afectaría inversiones por decenas de miles de millones de dólares en proyectos ya realizados. Esto supondría una expropiación de facto que ocasionaría que las demandas internacionales contra el gobierno mexicano se dispararan, con un costo altísimo para el erario.
Es una iniciativa pensada en el fortalecimiento de una empresa estatal —la CFE, cuyo director es Manuel Bartlett— y no en el bienestar de los consumidores. No hace falta ser adivino para saber que las consecuencias serían funestas.
Para que pueda salir adelante se requiere mayoría calificada en ambas cámaras, de la cual carecen el partido en el gobierno y sus aliados. El PAN, el PRD y MC ya anunciaron que la votarán en contra. El PRI no se ha pronunciado aún, y su silencio se vuelve cada día más ensordecedor.
POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL
POLITÓLOGO
@FERDOVAL
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