CLARABOYA

La ley contra la justicia

Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el procedimiento de prisión preventiva oficiosa por delitos como evasión fiscal, contrabando, expedición, venta, enajenación

OPINIÓN

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Azul Etcheverry / Claraboya / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el procedimiento de prisión preventiva oficiosa por delitos como evasión fiscal, contrabando, expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos. Los ministros por mayoría calificada decidieron que las reformas que aplicaban prisión preventiva por dichos delitos son inconstitucionales y violan derechos humanos.

Ante esta decisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que su gobierno acatará la decisión del máximo tribunal en búsqueda de un estado de derecho, aunque dijo que se le puede dar varias interpretaciones a esta decisión, como la de una verdadera autonomía de poderes o como una forma de protección ante actos de corrupción de las clases altas.

A poco más de dos años de dicha reforma, la sociedad mexicana se está dando cuenta de los costos que esta medida trae con el afán de evitar que los grandes evasores fiscales enfrentaran a la justicia e incluso tuvieran oportunidad de huir del país, resultando en una persecución y privación de la libertad de poblaciones vulnerables, principalmente desde la pobreza. Vemos que desde lo discursivo de “primero los pobres” es principalmente este sector de la sociedad quienes sobrepoblan los centros de detención y desde la reforma en 2019, donde se aprobó la prisión preventiva, hay cerca de 130 mil nuevos detenidos, siendo esta cifra tentativa ya que no todas las entidades hacen públicas sus estadísticas.

El problema es que estas poblaciones privadas de su libertad, generalmente con educación básica, que subsisten dentro de la informalidad y tienen dependientes económicos, siguen siendo inocentes ante la ley y son las autoridades quienes beneficiándose de estas prerrogativas legales los mantienen presos, con juicios pendientes y sin acusaciones en contra. Esta situación se agrava al tratarse de mujeres, quienes hoy son encarceladas más frecuentemente al punto en que actualmente hay más mujeres presas sin sentencia que aquellas encontradas culpables y cumplen una condena.

Cabe señalar que, con esta resolución se podrá seguir implementando la prisión preventiva, no obstante, los jueces ahora estarán obligados a justificar las razones por las cuales el acusado debe permanecer bajo detención, en tanto que se resuelve su responsabilidad. Además, no se podrá equiparar estos delitos fiscales con temas de seguridad nacional como se había aprobado en la reforma de 2019.

En ese sentido, el uso de la prisión preventiva está contemplado como último recurso dentro de las medidas cautelares y debiera ser justificado de acuerdo con las particularidades de cada caso y de manera excepcional después de un estricto escrutinio judicial. Cuando se aplica de manera oficiosa, se desamparan derechos humanos como la libertad personal, el debido proceso, la seguridad jurídica o presunción de inocencia e interfiere con la obligación de las autoridades de investigar correctamente cada caso y someter al análisis judicial minucioso.

La situación es compleja, tan sólo en 2020 la Ciudad de México, considerada punta de lanza para el ejercicio de derechos y libertades, el 100% de todas las detenciones se hicieron a través de la figura de prisión preventiva oficiosa, sin que esta medida haya impactado benéficamente a revertir la incidencia delictiva ni en la impunidad.

El problema de procuración de justicia es uno de los temas focales pendientes más importantes en la vida pública del país. El marasmo causado por el abuso del privilegio, la impunidad y la pobreza son reflejo de los cerca de 300 encarcelamientos diarios en México y la precarización de los instrumentos adecuados para propiciar sociedades más imparciales y equitativas.

POR AZUL ETCHEVERRY
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@AZULETCHEVERRY

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