El gobierno federal busca centralizar todavía más la administración de los servicios de salud, pero con cargo al presupuesto de los gobiernos estatales. La herramienta que utilizará a partir del próximo año es el programa IMSS-Bienestar.
Ese programa no es nuevo, existe desde 1979 y no está hecho para afiliados al Seguro Social sino para la población de zonas rurales o urbanas marginadas. Actualmente opera sólo en 19 de los 32 estados, donde atiende a 13 millones de personas. La idea es ampliarlo a todo el país de la misma forma como se impulsó la creación del INSABI en 2020.
El Artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos para 2022 establece que el IMSS podrá celebrar acuerdos de coordinación con los estados para que transfieran su infraestructura de salud para personas marginadas al IMSS-Bienestar y lo financien sin operarlo, con dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que de por sí ya entregan para mantener al Insabi, además de “recursos propios o de libre disposición” provenientes de las participaciones federales.
Poniendo el dedo en la llaga, la diputada Patricia Terrazas, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sostiene que se trata de una “manzana envenenada” porque así la federación podrá informar en documentos que extendió IMSS-Bienestar a todo el país, con más clínicas y hospitales, sin gastar nada porque en realidad se habrá tratado únicamente de un cambio de manos. Es decir, solo protagonismo político.
Por otra parte, aun cuando para el próximo año se prevé un incremento en las participaciones federales a estados y municipios, para muchos gobernadores pagar a esos niveles los servicios de salud implica otra presión a sus finanzas de por sí deterioradas y otra carga económica considerando que ahora tienen que pagar servicios que solo puede darles la federación, como el apoyo de la Guardia Nacional.
¿Significa realmente alguna mejoría de fondo en los servicios de salud para la población? En realidad, a la hora de necesitarlos, para el usuario da igual qué instancia gubernamental los opere. Pero indagando en la experiencia reciente, la creación del INSABI no aumentó el acceso a la atención médica sino disminuyó. De acuerdo con el Coneval, entre 2000 y 2020 la falta de acceso a la salud disminuyó en 37.2 por ciento, pero aumentó a partir de 2015 cuando estaba en 16.7 por ciento con el Seguro Popular a 21.5 en el primer año de operación del Insabi.
Si eso no es suficiente, es de dominio público que la carencia de medicamentos se ha acentuado durante la actual administración federal. De acuerdo con el colectivo Cero Desabasto, las entidades con más reportes son Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas y Ciudad de México.
Entre los fármacos más escasos en 2021 están los indicados para distintos tipos de cáncer, sobre todo el de mama y el de riñón. También para enfermedades del corazón, VIH, diabetes, hipertensión y de cuidados postoperatorios, así como para salud mental. Las instituciones con más notificaciones de escasez son el IMSS, el ISSSTE y el INSABI, en ese orden.
Los problemas del sistema de salud van todavía más allá de la cobertura y la falta de medicamentos. En el caso de las instituciones que afilian a trabajadores, hay empresas, como Ternium, que evaden las cuotas argumentando que mantienen hospitales propios pero que no cuentan con el personal médico especializado y el equipamiento necesario para atender los accidentes de trabajo, los padecimientos y los riesgos propios de su actividad, como una unidad de quemados debidamente provista.
¿No sería buen momento para repensar y replantear la estrategia y las prioridades?
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
ADRIANAD16@YAHOO.COM.MX
@ADRIDELGADORUIZ
PAL