Actualmente nuestro país atraviesa momentos complejos, más del 55% de los mexicanos viven en la pobreza, de las cuales alrededor de 11 millones de personas viven en situación de pobreza extrema debido a la precarización económica, laboral, sanitaria y social que, además, se han agravado por la pandemia por COVID-19 que afectó de manera multisectorial a todo el mundo.
Esta crisis no sólo nos mostró la fragilidad de los sistemas de salud pública, sino que nos enseñó carencias mucho más profundas relacionadas con el acceso a servicios básicos, como el agua, la cual percibimos como un recurso infinito que damos por hecho. Sin embargo, en México la problemática del manejo del agua y su cada vez mayor escasez han sido relegados como un problema secundario, a pesar de que las cifras son alarmantes y no hay una estrategia clara de cómo enfrentar esta carencia vital.
Hoy resulta difícil trazar una estrategia de retorno a clases presenciales de forma segura cuando se estima que 46 mil escuelas de diversos niveles educativos no cuentan con servicios de agua o drenaje eficientes. ¿Qué sucede con los más de 7 millones de hogares que no perciben el suministro diario de este recurso? ¿Qué tan bien se puede enfrentar una pandemia cuando no se tiene garantizado el acceso al agua?
La situación en el Valle de México es particularmente grave, independientemente de que esta región del país dispone de los índices más bajos de agua al año debido a la sobrexplotación de acuíferos y al incremento sostenido de una urbanización descontrolada, el abastecimiento del agua es escaso en las zonas más pobres y más densamente pobladas, esto sin considerar el daño estructural en edificaciones causado por el desgaste del subsuelo.
Por otra parte, los sistemas de distribución con el tiempo se volvieron obsoletos lo que genera incluso fugas de hasta del 50% del flujo en algunas zonas.
Ante esta situación, el propio gobierno capitalino reconoce este problema y dice estar estableciendo estrategias en el corto, mediano y largo plazo para revertirlo, la realidad, es que millones de habitantes del Valle de México no reciben la cantidad suficiente de agua para cubrir sus necesidades básicas.
La solución a este conflicto no es sencilla y a pesar de ello, la administración capitalina ha sido renuente a colaborar con esfuerzos particulares y de la sociedad civil organizada, quienes conscientes de la crisis que vivimos ahora y particularmente la que nos espera en el futuro inmediato, hacen un esfuerzo contracorriente para facilitar el acceso de forma sustentable y asequible.
Ejemplos como la iniciativa “Casa de Agua”, de Miros Magaña, que busca dar acceso barato a miles de personas de escasos recursos y de difícil acceso a agua potable a partir del aprovechamiento y purificación de aguas residuales mediante tecnologías fáciles de operar y mantener.
Este esfuerzo, en principio local, pretende también recibir el apoyo gubernamental para acelerar su escalabilidad para también evitar la contaminación de cuerpos de agua y de tierras agrícolas con pesticidas, fungicidas entre otros patógenos, en tanto que se incentiva el resurgimiento de ecosistemas locales.
Proyectos como este tienen un eco cada vez mayor y cobran notoriedad por estar apegados a iniciativas internacionales como los Acuerdos de París y la Agenda 2030 de la ONU, con el que se busca revertir el impacto del calentamiento global y universalizar mejores condiciones de vida a nivel mundial.
Más importante aún, es poner de nuestra parte adoptando y promoviendo prácticas de consumo responsables que nos permitan democratizar este derecho universal, aprovechando mejor los recursos y aminorar el impacto a los ecosistemas.
POR AZUL ETCHEVERRY
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MAAZ