Cuando tenemos un gobierno que teme a la ciudadanía, estamos frente a un gobierno enfermo. Pero cuando le teme a los científicos, ¡está en terapia intensiva!
Fundada en diciembre de 1970, por el presidente Echeverría, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) nunca sus 13 primeros directores, habíamos perseguido la ciencia. Es ahora cuando enfrentamos un caso ominoso.
Es por ello que se debe hacer una evaluación rigurosa y buscar soluciones viables y efectivas. Y lo primero que debe hacerse es eliminar las acusaciones penales en contra de 31 personas inocentes que se quieren inculpar.
Segundo, la exigencia de una explicación pública de las autoridades del Consejo de Ciencia y de la Fiscalía General de la República que lamentablemente no es autónoma. No hay que olvidar que, en castellano, el verbo de procurar, no es intentar. No queremos la “Intenduría” General de la República.
Y, tercero, que se transparente de manera pública la totalidad de elementos en que supuestamente basan las acusaciones.
En dos ocasiones, la “Intentaduría” General de la República ha pedido a un juez órdenes de aprensión en Almoloya, con acusaciones de delincuencia organizada, peculado y otros despropósitos.
Vale la pena hacer un poco de historia. La última reforma a Ley Federal de Ciencia, la integral, fue en 2002 y estableció con toda claridad, un Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología al que se fijaron tres propósitos:
Primero, ser órgano de consulta al Ejecutivo Federal.
Segundo, ser órgano de consulta del propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Y, tercero, ser la representación de los usuarios para poder tener mejores capacidades de gestión.
La propia ley establece –cosa que no ha visto el gobierno actual-- que este Foro Consultivo posee una naturaleza de autonomía y que el CONACYT tiene la obligación de encargarse de su financiamiento y su operación.
Poco tiempo después de este cambio de la ley 2002, el artículo 22 del estatuto interno del CONACYT estableció que el Foro Consultivo sería una asociación civil y que tendría autonomía y manejo propio que, además en el espectro público, no es un caso aislado.
El CONACYT tiene 26 centros públicos de investigación y, de estos, la mayoría son asociaciones civiles como el CIDE o el Colegio de la Frontera. En Guanajuato hay tres: el de Matemáticas, el de Óptica, el de la competitividad y el Colegio Michoacán, etcétera. Todos se gobiernan bajo este esquema.
Frente a todo lo anterior, lo que estamos viendo hoy es un golpe artero a la ciencia. Es claro que a las dictaduras no les interesa la ciencia, los gobiernos autocráticos no admiten el dialogo. Por lo mismo es válido preguntar quién le calentó la cabeza al Presidente, porque está desconectado de la realidad, no escucha a la comunidad científica, no ha visitado un centro de investigación en todo su mandato, una universidad.
Recientemente la Fiscalía o la “Intentaduría” General de la República, publicó un boletín en el que dice que el CONACYT le dio dinero a una empresa privada ¡Falso! No es una empresa privada, es una asociación civil y, no cualquiera, Tiene 20 asociados y son bastantes importantes: nada menos que la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), la Red de Consejos Estatales, la Academia Mexicana de Ciencia, la Academia Mexicana de Ingeniería, la Academia Mexicana de Medicina entre otros organismos.
Por eso es por lo que se debe elevar la voz para exigir que se detenga esta persecución. Estamos frente a una invasión de poderes, de la Fiscalía del Presidente, que debería ser una Fiscalía autónoma.
POR JUAN CARLOS ROMERO HICKS
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
@JCROMEROHICKS
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