Casi desapercibida pasó la comparecencia en el Senado de la República del secretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis Díaz Leal, debido a que la atención estuvo centrada en la violencia que se desató en la Refinería de Dos Bocas, un conflicto que rebasó al gobierno.
Si se compara este caso con el de la protesta social y como se ha dado en este gobierno, a lo mejor no se encontrarán muchas similitudes, sin embargo, éste es un tema que se les ha desbordado porque no lo han sabido controlar no solo en Palacio Nacional.
Luego del 1 de noviembre del 2018, bajo la bandera de que se había acabado la represión y que durante seis años, estaba “prohibido prohibir”, se inició un negocio bastante rentable: la toma de casetas a lo largo y ancho del país para recolectar dinero fácil y constante teniendo en muchos casos como testigos a integrantes de la Guardia Nacional sin hacer nada.
Por las redes circuló un video en el que en alguna caseta del país, aún en la actualidad se plantan personas encapuchadas que siguen pidiendo dinero y quien tomó dichas imágenes dice: “no pasa nada, te pones tu máscara y te pones a pedir dinero, no pasa nada” y efectivamente así es.
Se hace especial énfasis en la anécdota anterior porque a finales del año pasado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones, reformas a las Vías Generales de Comunicación“para castigar hasta con siete años de prisión y una multa de 43 mil 440 pesos a quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación, …así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen por éstas”.
El objetivo de lo que aprobó la Cámara de Diputados era garantizar el Estado de Derecho en las vías generales de comunicación, sin embargo, lo que se aprecia en la realidad es algo totalmente diferente, por lo que lo anterior, quedó simplemente en letra muerta.
No hay, por otra parte, mucho interés por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por resolver esta situación. En su comparecencia, el titular de la misma, señaló sobre el tema: “en realidad, la toma de casetas se nos presentó que ya no solamente es un acto de protesta social, como se presenta en Chilpancingo, sino que ya son organizaciones de delincuentes que se aprovechan de eso para tener recursos. Por lo tanto se está aplicando, con la Guardia Nacional y la Fiscalía (Genera de la República), sanciones” y agregó que se trata de acciones deliberadas de la delincuencia organizada, en esto último, habría que preguntarle a Arganis Díaz Leal cuáles son sus parámetros porque hay otros grupos que también han sacado provecho de una situación que sigue impune.
POR ADRIANA MORENO CORDERO
PAL