Columna Invitada

La estatización de actividades productivas, mitos y realidades

A propósito de la iniciativa presidencial en materia de energía es preciso plantear el problema fundamental que subyace a los afanes del mandatario, tratando de abordar el tema de un modo objetivo y ecuánime

La estatización de actividades productivas, mitos y realidades
Manuel Barquín Alvarez / Columna invitada / Opinión El Heraldo de México Foto: Alejandra Cerecedo Constantino / Columna invitada / Opinión El Heraldo de México

A propósito de la iniciativa presidencial en materia de energía es preciso plantear el problema fundamental que subyace a los afanes del mandatario, tratando de abordar el tema de un modo objetivo y ecuánime. Contra lo que se pudiera suponer, el Estatismo no es en sí una ideología estructurada, aun cuando puede llevarse al extremo de una corriente de acción presentada como propaganda electoral.

En contraste, el comunismo y el socialismo han cumplido con los requisitos para considerarse como ideologías e inclusive se han cristalizado en doctrinas y corrientes estructuradas. El Estatismo por su parte es una forma de visualizar y eventualmente estructurar un importante sector de las empresas productivas, para ponerlas en manos de la burocracia estatal. Sin embargo, su adopción e implantación obedece a circunstancias de índole pragmático y coyuntural. Por ejemplo, el populismo estatista latinoamericano que se presentó en los años treinta fue una reacción compensatoria a la contracción de la inversión extranjera que produjo la Caída de la Bolsa de Nueva York y la Gran Depresión que la siguió. Juan Domingo Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil y Lázaro Cárdenas en México fueron ejemplos de un fenómeno similar, si bien en cada caso concurrieron factores nacionales que lo favorecieron y condicionaron, dándole características diferentes.

En México, la presencia de los intereses extranjeros en forma de enclave, en la explotación del petróleo, en torno a Tampico y la región norte de Veracruz, así como los abusos en que incurrieron las compañías extranjeras durante el período de la lucha armada, cuando mantuvieron un ejecito permanente para evitar cualquier incursión de las fracciones revolucionarias que se disputaban el poder, provocaron un rechazo explicable. Aunado a lo anterior, la falta de transparencia en sus manejos, condujeron a que el Presidente Cárdenas promoviera que la expropiación se planteara como una respuesta al reclamo laboral de incrementos salariales de los trabajadores a su servicio y no solamente como una reivindicación de la soberanía nacional.

Un hecho central de la expropiación petrolera que no es posible soslayar, pero que se confunde de buena o mala fe, es el hecho de que el Presidente Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, pero no la estatizó, por lo que no impedía que continuara operando la iniciativa privada en el sector industrial.

En realidad, quien estatizó la industria fue Adolfo López Mateos, quien también hizo lo mismo con la industria eléctrica, siguiendo una tendencia histórica que se conoce como la segunda ola de nacionalizaciones y que se produjo después de Segunda Guerra Mundial. Las economías de guerra de los países beligerantes resultaron un elemento clave en el éxito de las potencias aliadas. El manejo centralizado de la economía, en manos el aparato burocrático de Estado adquirió un aura de legitimidad y lo hizo aparecer como una alternativa viable, eficaz y eficiente, compatible con una democracia electoral y una sociedad de mercado.

En el entonces llamado Tercer Mundo, que comprendió a los países emergentes de la Descolonización, reciente en África y Asia o más añeja en América Latina, los esfuerzos para consolidar una economía desarrollada e industrializada, como fue el caso de México, se presentaron como una oportunidad, para la burocracia federal post revolucionaria, heredera del movimiento revolucionario, pero diferenciada en su origen y metas, como el agente protagonista del desarrollo. Además, al producirse la expropiación en los albores de la anunciada conflagración de la Segundo Guerra Mundial, era previsible que la respuesta de los Estados Unidos no fuera beligerante y amenazante, como por décadas se temió por parte de los gobiernos mexicanos y tras un breve período en que se vendió el preciado oro negro al Tercer Reich de Alemania, nuestro país se alineó con los Aliados e incluso le declaró la guerra a la Alemania Nazi, tras el presumible hundimiento de los buque-tanques petroleros “Faja de Oro” y “Potrero de Llano”.

En México, la estatización de la industrial petrolera, por parte del Presidente López Mateos no produjo ninguna reacción relevante, porque la nacionalización había eliminado a los agentes productivos que podrían haberse opuesto; además, se creía que los mantos petrolíferos del norte de Veracruz se habían agotado y se desconocía la existencia de los de la costa de Campeche y Tabasco, los prospectos de Venezuela y Oriente Medio parecían más prometedores para las compañías petroleras internacionales. Además, la época del Imperialismo depredador comenzaba a moderarse y los Estados Unidos ya no parecían tener rivales en el Continente.

Por su parte, el Presidente López Mateo se enfrentó a varios movimientos de masas impulsados por los liderazgos de los sindicatos de Ferrocarrileros y de Maestros Normalistas, que fueron reprimidos con la fuerza pública y sus lideres sometidos a procesos judiciales, por la presunta comisión de delitos, entre otros, por el tristemente célebre delito de Disolución Social, hoy afortunadamente derogado, del que sólo queda la memoria de un Poder judicial al servicio del Presidente y no de la Justicia. López Mateos era celoso de su imagen y popularidad, por lo que trató de compensar su perdida de credibilidad como un mandatario progresista con medidas como la estatización de la industria eléctrica y la petrolera, con independencia de la eficacia que pudieran haber tenido desde el punto de vista estrictamente económico.

La respuesta de la México Light and Power Company fue favorable, principalmente porque los años de falta de inversión y mantenimiento, se habían agudizado durante la Segunda Guerra Mundial y habían provocado que su infraestructura e instalaciones estuvieran en estado de abandono y requirieran de una gran inversión, que sus accionistas no estaban interesados en realizar y menos ante la tendencia hostil hacia ellos. La indemnización que ofreció el gobierno seguramente fue superior al precio que hubieran obtenido por la venta de la infraestructura e instalaciones, en el caso de que hubieran encontrado con facilidad un comprador. Consecuentemente, puede decirse que la expropiación de la industria eléctrica. particularmente por lo que hizo a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, fue por mutua conveniencia; mientras que en el caso de su similar de Guadalajara la misma permitió terminar con el crónico endeudamiento de gobierno municipal de la Perla de Occidente, que no sólo resultaba impagable, sino que tenía a la administración local como rehén permanente de la Compañía de Luz.

La estatización de las dos principales industrias productivas de energía se produjo gracias a coyunturas históricas favorables, fueron decisiones pragmáticas y oportunas, pero obviamente tuvieron motivaciones y efectos significativos en el ámbito político y de legitimación de los gobiernos que las emprendieron. La nacionalización de la industria petrolera efectuada por el Presidente Cárdenas tuvo un efecto favorable porque permitió fortalecer las finanzas de la federación con la renta proveniente de la venta del oro negro y darle al gobierno la posibilidad de incrementar la inversión pública y el gasto social, al propio tiempo que facilitaba el pago de la deuda pública. La estatización de la industria eléctrica por el Presidente López Mateos fue menos relevante, pero inicialmente facilitó la extensión de la red de transmisión y la extensión del servicio a la mayoría de la población. Sin embargo, con el tiempo limitó severamente la transparencia, lo que favoreció el surgimiento de esquemas de corrupción con la complicidad de la administración y los algunos sindicales, que no pudo ser evidenciada, pero mantuvo a la compañía de Luz y Fuerza es un estado de liquidación por años.

El subsidio de tarifas convirtió a la empresa en quiebra en un verdadero hoyo negro de las finanzas públicas y encareció las tarifas que no fueron subsidiadas, en particular, las de la industria y las tarifas llamadas de alto consumo de los particulares se encarecieron notablemente, por encima de los niveles comparables de otros países en condiciones de desarrollo comparables o aún de países industrializados. Recientemente, el auge de la industria eléctrica y el surgimiento de la electrónica se tradujeron en el incremento de artículos domésticos como los aparatos de cocina, lavadoras y aparatos de sonido y televisión; que, junto con la aparición de las computadoras personales y los teléfonos celulares, las estufas y los calentadores eléctricos, así como los aires acondicionados y la calefacción, prácticamente convirtieron a los hogares urbanos y de clase media en cautivos de la tarifa de alto consumo.

El monopolio que padeció la industria eléctrica también se tradujo en un desinterés por los consumidores y el respeto de sus derechos, así como por los abusos en el manejo arbitrario de la medición del consumo de energía eléctrica y la deficiencia de las instalaciones y su mantenimiento. Finalmente, el manejo político de la industria eléctrica se tradujo en la acumulación de las deudas de los gobiernos municipales y otras entidades públicas, que se hicieron incobrables hasta la actualidad. El contrato colectivo de la Compañía de Luz y Fuerza se hizo particularmente oneroso, por el abuso en el esquema de pensiones dinámicas y tempranas, así como por las excesivas prestaciones que se concedían, tanto a los trabajadores en activo como a los jubilados.

El descomunal pasivo contingente que provocó el ruinoso esquema de jubilación dinámica y anticipada, junto con las excesivas prestaciones había hecho inviable a la Compañía de Luz y Fuerza, convirtiéndola en una pesada carga para las finanzas públicas y un obstáculo para el desarrollo y modernización de la industria electica, por lo que se convirtió en otro factor más de desaceleración del crecimiento económico, principalmente por el incremento en el costo de producción de la industria y su impacto en los precios al consumidor, así como en la disminución de la competitividad de la industria nacional de exportación.

En el marco del crecientemente proceso de globalizado y la proliferación de los tratados multilaterales de comercio, como el TLC, el T-Mec y los demás tratados multilaterales, el monopolio de la industria eléctrica en manos del gobierno federal, a través de la CFE, se constituyó en el principal obstáculo para el desarrollo de la industria de energía renovable. El sistema corporativo que se estableció a través de la complicidad de los burócratas de las empresas estatales monopólicas y la burocracia sindical politizada y aliada electoral de los gobiernos del fin del “Milagro Méxicano”, vio decrecer la tasa de desarrollo de la economía y el proceso de inserción en el mercado internacional, como principal causa del deterioro de la legitimidad del Estado Post Revolucionario y el desequilibrio de la estabilidad política, que reavivaron el descontento popular. El corporatismo autoritario que caracterizaron los últimas décadas del siglo pasado produjeron un sindicalismo cómplice del sistema político, que presionaba al gobierno con actos de insurgencia y militancia llevada a las calles en forma de plantones y bloqueos de las vías públicas, mismos que a su vez, aceleraban el deterioro de la economía y contribuyeron para que se perdieran oportunidades de inserción en el proceso de globalización, que fueron aprovechadas por países como China, que verdaderamente tenían sistemas socialistas, pero que ha sabido combinarlos con esquemas de producción eficaz y eficiente, a través de la participación de la iniciativa privada, para convertirse un sistema mixto en un éxito rotundo de proporciones históricas.

Finalmente, la industria eléctrica no está vinculada a la propiedad originaria del subsuelo, que terminó por ser una especie de himen de la soberanía nacional, ya que la energía eléctrica es un producto netamente industrial y aunque pudo caracterizarse en el pasado como un monopolio natural, por el carácter estratégico de las redes troncales de distribución de la energía eléctrica y la producción a través de alimentar las turbinas con gigantescas obras hidráulica y la combustión de hidrocarburos, en la actualidad la producción de energía solar, eólica y las demás fuentes de energía renovable que se vayan sumando, como la que utiliza el hidrógeno, han descartado para siempre la noción equivoca de que la energía solo puede producirse a través de monopolios detentados por burócratas gubernamentales, que han resultado ser ineficientes e ineficaces, amén de poco transparentes y corruptores de las organizaciones sindicales, que tratan de cooptar con fines electorales y para entrar en un contubernio en perjuicio del consumidor.

Después del rotundo fracaso de las economías basadas en la estatización de las actividades productivas, en Europa Oriental y el lejano oriente, la falsedad de las premisas que pregonaron, ya no admite racionalmente objeción alguna y puede verificarse históricamente con el ejemplo de los países socialistas, como China y Rusia, que han experimentado un éxito económico inusitado desde que abandonaron el fallido programa de estatización de actividades económicas productivas, cuyos productos son susceptibles de apropiación por particulares. Resultaría risible, si no fuera trágico, que donde los gigantes comunistas fracasaron, sus tristes émulos, seguros y esperanzados, se ufanan en triunfar, confiados en la fe ciega y el torpe optimismo producto de la combinación de su supina ignorancia y su infinita arrogancia.

La reforma del Presidente Peña Nieto es ciertamente perfectible, porque no ofrece mecanismos que aseguren la prevalencia de la Rectoría del Estado frente a situaciones de emergencia, como la amenaza de impedir el desabasto del mercado interno o cualquier otra contingencia. Así mismo, puede racionalizarse el esquema de órganos reguladores para evitar su proliferación y favorecer su fortalecimiento. No obstante, la propuesta de la reforma que en forma inconsulta pretende tramitarse con una prisa inusitada e inexplicable conlleva el retorno del monopolio del gobierno en la producción de energía, con el falaz argumento de que se reserva un ámbito minoritario para la intervención de la iniciativa privada, al propio tiempo que se pretende suprimir a los órganos autónomos que medien y equilibren la intervención de empresas privadas y la burocracia federal, lo que implicaría que los particulares quedaran en estado de indefensión ante una dependencia del Poder Ejecutivo que se convertiría en juez y parte.

La intervención de particulares. como terceros al sistema corporativo de gobiernos y sindicatos, cómplices de asfixiar la economía y celosos guardianes de un contubernio oprobioso, permite abrir y ventilar el obscuro proceso que prohíja la falta de transparencia. En los regímenes donde la ausencia de pluralismo político y de competencia electoral se ha aunado al surgimiento de esquemas de corrupción extrema de la política y la economía, cobijados por el secretismo de las asignaciones directas y el ocultamiento de información, excusado falsamente una reserva de información atribuida a razones de seguridad o cualquier otro pretexto arbitrario y carente de fundamento, el desarrollo económico se estanca, la pobreza crónica se enseñorea sobre toda la población, a la que, paradójicamente pretende defender y promover el populismo demagógico, disfrazado de redentor de las masas.

POR MANUEL BARQUÍN ALVAREZ

CAR

Temas