La semana pasada se celebró el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre México y Estados Unidos en el cual se anunció el fin de la Iniciativa Mérida y el comienzo de un nuevo marco de cooperación en materia de seguridad. El “Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública, y Comunidades Seguras” plantea un enfoque integral a largo plazo para las acciones binacionales orientadas a la seguridad y la protección de las personas en ambos lados de la frontera.
Trece años después de que los expresidentes Felipe Calderón y George W. Bush implementaron la Iniciativa Mérida, a la cual el Congreso estadounidense le destinó más de 3 mil millones de dólares, y en vísperas de la celebración de los 200 años del inicio de las relaciones bilaterales, la nueva estrategia se basa en tres pilares fundamentales: proteger a las personas, prevenir la delincuencia transfronteriza y desmantelar a las redes delictivas.
El anuncio de este acuerdo se da dentro de una coyuntura política interesante tanto para México como para Estados Unidos. Desde la llegada al poder del presidente JoeBiden, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador temía que el retorno de los demócratas a la Casa Blanca significaría un mayor intervencionismo en los asuntos internos de México. Por eso, tomó medidas cautelares como la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para limitar y regular la actividad de agentes extranjeros operando en el país.
Los distintos pronunciamientos del mandatario mexicano sobre Estados Unidos siempre iban acompañados del principio de la no intervención, la soberanía nacional y el respeto mutuo, mismas que se plasmaron en la declaración conjunta que publicaron ambos países tras su reunión. El canciller Marcelo Ebrard dejó claro que las prioridades de México iban a cobrar la misma importancia que las de Estados Unidos. Es decir, en términos discursivos son socios parejos.
México entendió bien que la crisis migratoria que enfrenta la Casa Blanca le abría una ventana de oportunidad temporal para impulsar un nuevo acuerdo en materia de seguridad, al igual que sumar asuntos importantes a la agenda bilateral, como el tráfico ilícito de armas. Palacio Nacional sabe que Estados Unidos en estos momentos requiere forzosamente de la cooperación de México para frenar el flujo migratorio proveniente de Centroamérica y de América Latina. Jugó bien sus cartas.
A la administración del presidente JoeBiden no le quedaba de otra más que ceder en ciertas demandas de su vecino debido a que el tema migratorio podrá poner en riesgo la mayoría demócrata en el Congreso en las próximas elecciones intermedias. El mandatario estadounidense no solo enfrenta el índice de aprobación más bajo desde el inicio de su presidencia, sino que los republicanos utilizan la crisis fronteriza para tratar de recuperar el poder legislativo. Aunado a esto, los demócratas traen fuertes conflictos internos, el ala más progresista del partido presiona a Biden para que los migrantes reciban un trato más humano. La Casa Blanca, a pesar de que se comprometió a impulsar una política migratoria más digna, ha mantenido varias medidas de la época del presidente Donald Trump.
Existe también una epidemia de sobredosis en EU: 93 mil estadounidenses murieron en 2020 por sobredosis de drogas, un incremento de 29 por ciento comparado a 2019. El país ya registraba altos índices de muertes por opioides, pero la pandemia de coronavirus exacerbó la crisis. Estados Unidos necesita colaborar con su vecino al sur para frenar el contrabando de estas sustancias, debido a que los precursores químicos provenientes de China y la India para producir fentanilo llegan a puertos mexicanos.
Detrás de las sonrisas y muestras de afecto entre los distintos miembros de ambas delegaciones, hay puros intereses. Aún cuando a Estados Unidos le preocupa la estrategia de seguridad de la 4T, la prioridad para el Gobierno de Biden es mantener el poder.
POR LILA ABED
POLITÓLOGA E INTERNACIONALISTA
@LILAABED
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