La reunión del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) de México y Estados Unidos, que culminó con la adopción de una Declaración Conjunta es una buena noticia. Después de un año de estar suspendidos, se reanudaron los contactos y los entendimientos entre los funcionarios del más alto nivel de los gobiernos en un área vital para el conjunto de la relación bilateral. Qué bueno que así sea. Los únicos beneficiados de la interrupción de ese diálogo fueron las organizaciones criminales. https://www.gob.mx/sre/prensa/declaracion-conjunta-para-el-dialogo-de-alto-nivel-de-seguridad-entre-mexico-y-estados-unidos
México y Estados Unidos han mantenido, a lo largo de muchas décadas, por lo menos a partir de los años sesenta del siglo pasado, y aún antes, una relación que se caracteriza por la repetición de un ciclo conflicto-cooperación en muchas áreas relacionadas con la seguridad. Este ciclo comenzó con la infame “Operación Intercepción” lanzada por la administración Nixon en octubre de 1969, por medio de la cual las autoridades estadounidenses mantuvieron semicerrados los puentes y cruces fronterizos durante varios días, creando un verdadero caos y fuertes pérdidas económicas en las ciudades fronterizas, como una forma de presionar al gobierno mexicano para que hiciera mayores esfuerzos para evitar el trasiego transfronterizo de drogas ilícitas.
Desde entonces, se han sucedido eventos que han producido nuevos periodos de distanciamiento y conflicto, como la segunda “operación intercepción” de mayo de 1985, después del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, o el secuestro en suelo mexicano del Doctor Álvarez Macháin, en 1990. Sólo hasta que las más altas autoridades de los gobiernos se han reunido y ha sido posible alcanzar un nuevo entendimiento, se ha reiniciado una nueva etapa de cooperación. El último incidente que destruyó la confianza entre los dos gobiernos fue la grave detención, seguida de una pronta liberación, del ex Secretario de la Defensa, el General Salvador Cienfuegos. Quizá la reunión del viernes pasado sea la señal de que ahora se reinicia una nueva etapa de cooperación.
Sin embargo, hoy los desafíos a la seguridad distan de ser los mismos de hace diez, veinte o treinta años. Desde que Estados Unidos logró desviar las rutas del tráfico de drogas del Caribe hacia nuestro territorio, a mediados de los noventa, México se convirtió en la vía principal del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que transformó y empoderó significativamente a las organizaciones criminales. El fin del embargo de armas de asalto en Estados Unidos, en 2005, fue sin duda uno de los principales disparadores de la violencia en nuestro país a partir de 2006.
En ese país, la mariguana ha dejado de ser una preocupación, y de hecho se ha legalizado su producción en muchos estados, y es tolerado su consumo en el resto. Incluso la heroína es una preocupación menor porque ha sido desplazada por el fentanilo. A pesar de los intentos de los gobiernos, que han tratado de hacer frente al problema con diferentes enfoques y políticas públicas, hoy el consumo de drogas en Estados Unidos es mucho mayor que hace treinta años.
Por su parte, el crimen organizado en México se ha magnificado, ha extendido su influencia a rutas, plazas y regiones enteras de nuestro territorio. Ha multiplicado sus actividades a la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el tráfico de migrantes. México se ha convertido en una de las naciones más violentas del mundo. La mayoría de las víctimas de esa violencia, que pueden llegar a cien mil en los últimos tres años, son hombres jóvenes enrolados en las organizaciones criminales. Es una tragedia social, y una amenaza mucho mayor que la que enfrentaba el país hace treinta años.
Los desafíos son enormes, son multidimensionales, y exigen una visión más amplia, “holística” del fenómeno. ¿Qué contiene la Declaración Conjunta recién aprobada? Se reiteran convicciones que han estado presentes desde hace mucho tiempo, como “enfrentar juntos” los desafíos de la seguridad; la responsabilidad compartida; la cooperación efectiva en la aplicación de la ley; la compartición de información contra el lavado de dinero; la decisión de desarticular a las organizaciones criminales y la de disminuir el tráfico ilícito de armas; La decisión de prevenir el tráfico de precursores con el que se elabora el fentanilo, las metanfetaminas y otras drogas ilícitas.
Pero también hay novedades y nuevos conceptos, como que las políticas públicas se basarán en los datos, en la evidencia científica y con enfoque de salud pública para tratar de disminuir las adicciones; la necesidad de atender la violencia; la adopción de un enfoque preventivo; la idea de “trabajar de la mano”, mientras se logran vencer las causas fundamentales del crimen (presumiblemente la pobreza, el abandono y la falta de perspectivas para cientos de miles de jóvenes); trabajar más con los jóvenes y crear mejor educación, programas y alternativas sociales para ellos.
Se anuncia que las tres prioridades fundamentales de este “nuevo entendimiento” serán: a) proteger a la población, en donde destaca la preocupación de Estados Unidos por reducir el impacto del consumo de drogas (léase fentanilo), y la preocupación mexicana de reducir los homicidios y los delitos de alto impacto; b) prevenir la delincuencia transfronteriza, reduciendo el tráfico de armas, drogas y el trafico ilegal y la trata de personas; c) desmantelar a las redes criminales, “persiguiendo a las personas vinculadas a financiamientos ilícitos”. Es notorio el énfasis en el intercambio de información como medio para privar a los criminales de sus ganancias.
Se enumeran acciones concretas, como la firma de un Memorándum de Entendimiento para reducir la adicción a las drogas; la creación de una Red para la prevención del Homicidio; otro Memorándum entre México y la Oficina de la ONU especializada sobre drogas y delito (UNDOC), para el control de contenedores portuarios; coordinación de acciones para combatir el tráfico de armas, de precursores y el lavado de dinero; mayor cooperación para desmantelar a las organizaciones criminales, y un grupo bilateral sobre seguridad cibernética.
Al final de su reunión, los gobiernos anunciaron que en diciembre próximo darán a conocer el programa de acciones que llevarán a cabo conjuntamente en 2022. Es una buena noticia que las cancillerías serán las coordinadoras de la implementación de la Declaración, porque la experiencia demuestra que son las únicas que pueden darle equilibrio y dirección a todo el esfuerzo de cooperación.
Queda por ver cómo se va a articular, en la práctica, esta nueva visión de la cooperación bilateral con las actuales políticas del gobierno mexicano en materia de seguridad pública. Hay un compromiso explícito de desarticular conjuntamente a las organizaciones criminales, que la Administración Biden, y sus agencias, buscarán hacer efectivo. En el pasado, no ha sido nada fácil que algunas agencias estadounidenses intercambien información con sus contrapartes mexicanas. Está por verse si en realidad ha retornado la confianza mutua entre las dependencias encargadas de hacer cumplir la ley, componente indispensable para mejorar la cooperación y sus resultados. Pero no hay opción. Los vecinos estamos obligados a cooperar cuando un terremoto y un incendio nos amenazan a los dos.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO
PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@MIGUELRCABANAS
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