El gobierno de Estados Unidos y los sindicatos más poderosos de aquel país buscan tomar el control de la política laboral mexicana, a través de millonarios recursos disfrazados de mecanismos de cooperación, como ocurrió con la Iniciativa Mérida, en materia de seguridad, que la 4T finiquitó el año pasado.
El lento avance en la implementación de la reforma laboral en México provocó que Washington y algunos de sus agentes económicos tomaran cartas en el asunto. Destinarán 20 millones de dólares, vía instituciones académicas y asociaciones civiles, para impulsar la creación de sindicatos independientes en territorio azteca, además de capacitar a líderes sindicales, trabajadores y funcionarios operadores de la reforma, con la idea de hacernos cumplir con los compromisos derivados del T-MEC.
Entre otras cosas, quieren que nuestros trabajadores “tengan los mismos privilegios” que existen de aquel lado y dejen de ser una competencia desleal, con mano de obra más barata. Para lograr ese propósito, uno de sus primeros objetivos es sacudir la política sindical, limpiar todas las centrales obreras, mediante procesos de democratización interna y acabar con los caciques. Un exfuncionario que conoció de cerca el proceso me dijo que todo empezará con los sindicatos de las industrias que más les interesan a los estadounidenses: automotriz, metalúrgica, energética y de alimentos procesados. En este objetivo los gringos no están solos. Nuestro gobierno dio luz verde por dos motivos: para cumplir con el T-MEC y porque la idea se alinea con el proyecto de AMLO.
Esa fue una de las razones por las que, a finales de 2020, López Obrador empujó diversas acciones, como el acuerdo a tirabuzón que sacó a patrones y sindicatos, para “mejorar” las condiciones laborales, o la insistencia de eliminar el outsourcing.
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Más allá de si comulgan con los mismos intereses, lo que está en riesgo es la independencia de México en materia laboral. En noviembre, México puso fin a la Iniciativa Mérida. El argumento fue que nuestro país ya no estaba dispuesto a recibir órdenes de Washington, con lo que quedó claro que, en materia de seguridad, la 4T se quiere rascar con sus propias uñas; no así en otros asuntos de alta relevancia, como en todo lo relacionado con la política laboral. Y de esto nadie ha dicho una sola palabra.
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La suma de esfuerzos entre autoridades de los tres órdenes de gobierno permitió el descenso de los principales delitos de alto impacto: secuestro, robo y homicidios. Un ejemplo son las acciones de la Secretaría de Seguridad, a través del subsecretario Ricardo Mejía, en algunos estados como Guerrero, donde se logró la captura de 2 mil 811 personas por la comisión de algún delito, y que esa entidad ocupe el noveno lugar en homicidios dolosos.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “No es decoroso que quien tiene armas en las manos busque la salvación en los inermes pies”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ