Lo que hoy rige y determina los destinos de México es un gobierno en cuyo corazón palpita una alianza cívico-militar. Este hecho es producto de una decisión unipersonal tomada por el Presidente de la República. Él, y sólo él, ha entregado el mando de una parte esencial de la administración pública federal, a manos de los militares.
En países de América Latina donde se han establecido gobiernos cívico-militares parecidos al que se está estableciendo en México, se debió a la pérdida de control sobre la sociedad por parte de los mandos civiles (policías, instituciones legislativas, partidos políticos). La situación rebasó los límites tolerables y el deterioro de la autoridad se reflejó en violencia civil, descontento social de amplias capas de la población, deterioro severo de las condiciones económicas del país y, en general, una situación de ingobernabilidad.
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Un gobierno cívico-militar es producto de un acuerdo entre políticos civiles y mandos militares para compartir la responsabilidad de recuperar y restablecer la paz. La idea subyacente del pacto es para que los militares empleen su hegemonía con la fuerza armada para controlar, reprimir y disuadir a grupos descontentos o violentos de la sociedad inconformes con la situación que se vive. Reprimir la inconformidad es una manera de terminar con un debate político en la sociedad cuando los instrumentos políticos de la discusión, los acuerdos, los Congresos y las elecciones y votaciones han perdido totalmente su eficacia para gobernar con consensos debido al ambiente de polarización.
Es obligado preguntar: ¿acaso es tan crítica la coyuntura que se vive en México que amerita un gobierno cívico-militar? O, ¿es el pacto que el Presidente mexicano cree necesario para poder sostenerse en el poder los próximos meses y años? Si el Presidente prevé ese deterioro social, político y económico de México, ¿no existen otras opciones para atajar la situación, antes de recurrir a una junta cívico-militar en México?
Hay que recordar que el actual gobierno ganó las elecciones de 2018 y obtuvo la mayoría en ambas Cámaras legislativas. El gobierno goza de todos los instrumentos para asegurar la gobernabilidad de la nación, sin necesidad de recurrir a un pacto cívico-militar. Ha administrado cuatro crisis sin éxito, pero tampoco viendo un desplome de su popularidad. Las crisis de pandemia, economía, inseguridad y corrupción arrojan un saldo negativo para el gobierno. Así lo indican todas las encuestas, oficialistas y no-oficialistas. Pero las encuestas también le dan un respaldo importante al Presidente, arriba del 50%. Es una ironía del pensamiento mexicano: apoyan al Presidente y, al mismo tiempo y con el mismo aliento, lo reprueban en su gestión de gobierno.
Es cierto que las cuatro crisis están introduciendo un notable desaliento en la sociedad. Ya se escuchan voces dentro de las filas del oficialismo de inconformidad con la gestión del gobierno, sus varios tumbos y contradicciones a la hora de gobernar. Y también es cierto que la pandemia no sólo no amaina, sino que más bien arrecia en su ferocidad y letalidad en todo el país. Junto con ello la economía sufre su peor retracción desde 1932: más del 8,5%. La violencia del crimen organizado crece en extensión territorial y en ferocidad contra sectores sociales expuestos y contra las fuerzas de seguridad. Crecen exponencialmente los casos de corrupción en el gobierno, a través de casos de amiguismo en la adjudicación directa de contratos y pagos, mientras la carencia de medicinas pone en peligro las vidas de miles de ciudadanos.
La crisis de salud, en todas sus vertientes, puede ser el Waterloo de este gobierno. Incluso peor que la crisis económica, que de por sí se vislumbra profunda y prolongada.
¿Esta situación justifica el establecimiento de un gobierno cívico-militar en México? En realidad, el proceso mexicano es distinto al resto de América Latina. Los problemas del país no justifican el acuerdo cívico-militar. Más bien parece que el Presidente prepara un autogolpe de Estado que le permita crear una nueva correlación de fuerzas en el sistema político mexicano que le permitirá retener el poder real tras el fin de su sexenio. Prepara las condiciones para un maximato.
El Presidente de México gobierna desde su miedo. Miedo a la pandemia, teme la violencia de la rebelión civil, expresada por el narcotráfico y las bandas armadas que pululan por todo el país. Por ese miedo siempre pernocta en cuarteles militares cuando viaja por el país. Teme actos violentos en su contra o contra sus comitivas. De ser un Presidente supuestamente cercano a la gente, se ha convertido en un Presidente realmente distante de la gente, aunque hable incesantemente.
También revela el profundo desprecio que tiene por su propio gabinete, que considera un estorbo necesario pero momentáneo, a su proyecto. Ese desprecio explica porqué ha creado un gobierno donde el gabinete es prácticamente inexistente y crecientemente irrelevante en cuanto las grandes decisiones que se toman sobre las políticas públicas sustantivas del gobierno. Las grandes líneas estratégicas se toman entre el Presidente y los militares. Miembros del gobierno son cooptados para cumplimentar las decisiones tomadas (comprar vacunas, traer del exterior equipo médico, comprar pipas, etc). Pero las decisiones son del Gabinete de Seguridad. Ese es el verdadero corazón del gobierno mexicano.
Los políticos que rodean al Presidente son elementos de utilería de teatro para disfrazar lo que realmente ocurre dentro del proceso de reorganización del sistema político. Se les permite hacer negocios con el presupuesto público para que se entretengan mientras prepara su verdadero proyecto político para mantener el control del poder más allá del sexenio.
Consecuentemente ha nombrado a cientos de militares en puestos estratégicos dentro de la administración pública federal. Tienen facultades para ejecutar decisiones, aprobar obras y proyectos, distribuir el presupuesto, definir adquisiciones, reclutar elementos para encubrir sus acciones, definir nuevos proyectos, operar acciones como la campaña de vacunación, establecer redes de comunicación a través de los Bancos del Bienestar, preparar las acciones ejecutivas para administrar millonarios negocios, como refinerías, puertos, aduanas, trenes, aeropuertos, bancos, sistemas de transportes y comunicaciones.
El gobierno cívico-militar cristaliza el gran sueño presidencial: crear un gobierno que monopoliza la economía, basado en la estrecha alianza entre el poder político y el poder militar. Pretende, antes de que termine su sexenio, arrinconar, disminuir y desplazar al capital privado del poder mayoritario de la economía, e instaurar un capitalismo monopolista hegemonizado por el militarismo estatista. En esencia, el proyecto consiste en disminuir hasta el ahogo al Estado y sus funciones, y fortalecer hasta el agobio al gobierno, convirtiñendolo en un instrumento al servicio de un solo hombre. .
Busca cumplir lo prometido en su campaña: romper la alianza entre el poder político y económico privado. Lo que no dijo es que iba a sustituirla por una nueva alianza entre el poder político y el poder militar. Es un modelo basado en el principio autoritario de crear complicidades económicas entre políticos y la casta militar, cuya base de apoyo fundamental son las armas del Ejército al servicio del nuevo poder político, junto con un pacto de conveniencia con el narcotráfico.
Es un modelo que tiene al pueblo como carne de cañón subordinado a los nuevos intereses. Se ha probado en otros países de América Latina y los ha llevado, irremediablemente, a la ruina.
Está por verse la reacción de nuestros socios del T-MEC a la consolidación de un modelo autoritario de corte militar sobre su frontera sur. Además, es de imaginarse la opinión ante la instalación de un gobierno cívico-militar con un fuerte tufo de narcotráfico. Y aún falta la respuesta de la sociedad mexicana a ese proyecto autoritario.
Los vientos de conflicto soplan, y soplan fuerte.
POR RICARDO PASCOE PIERCE
RICARDOPASCOE@HOTMAIL.COM
@RPASCOEP