Nuestra Constitución garantiza el acceso a la Justicia. Un derecho que es distinto del acceso a la jurisdicción. Acudir a juzgados y tribunales es, en la mayoría de los casos tan sólo una de las alternativas para buscar solución a nuestras necesidades jurídicas insatisfechas. Alternativa extremadamente costosa en tres aspectos:
- Económico: Sabemos que la Constitución establece la gratuidad en la justicia, pero una cosa es que no se pague boleto de entrada a juzgados o una cuota por admitir cada demanda y otra los gastos de: abogado, perito, copias, edictos, publicaciones, transporte y un largo etcétera que termina por secar cualquier cuenta bancaria.
- Tiempo: El mismo artículo dice que será pronta y expedita. Falso. Antes de la pandemia los cauces procesales estaban lentos, hoy el atasco es total, en algunas entidades la programación de audiencias llega a junio del 2021. Tengamos claro que NO puede ser de otra forma mientras el número dé juzgadores en el País sea menor a 4 por cada 100 mil habitantes (en países desarrollados es de 16). Adicionalmente las cosas, causas y temas que se judicializan llegan al absurdo.
- Emocional: El más alto costo es el deterioro en la salud psicológica, que con el tiempo se convierte en daño físico entre quienes son parte en un litigio, incluidos los litigantes. Algo que tampoco se advierte a tiempo, es el perjuicio que ocasiona a terceros, generalmente a los más vulnerables. Hablamos de daños frecuentemente irreversibles, hablamos del desmembramiento de las familias; de traumas que ocasionan la aniquilación del futuro de niñas y niños.
Conclusión: En México el acceso a la justicia por la alternativa jurisdiccional además de costoso es ineficiente. Durante la mayor parte del 2020 el Derecho de acceso a la jurisdicción estuvo limitado, cerrado, clausurado, en resumen: DENEGADO. Con justificación pues se privilegió el Derecho humano a la Salud. Cuando existan otras alternativas debemos divulgarlas, acercarlas, facilitarlas. Eso, es un Derecho que humaniza.
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Conscientes de lo anterior en El Senado se dan los últimos toques a la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con lo que iniciará una nueva época de la mediación en el País. La Ley es producto de una iniciativa presentada por el Líder de la mayoría junto a un nutrido grupo de legisladores. Por su contenido se advierte el visto bueno del Ejecutivo. Debemos decir que el proceso para lograrla se ha caracterizado por la desesperante pasividad legislativa. Fue desde el 5 de febrero del 2017 cuando El Congreso se comprometió a entregarnos la urgente Ley en 180 días. Nos volvió a engañar. Hoy con más de mil días de inexcusable demora, sin culpas ni consecuencias, tal omisión -aparentemente- está próxima a concluir.
Los 70 artículos de la iniciativa contienen aspectos positivos y otros que generan un necesario debate. Debemos cuidar que la Ley procure: Incorporar nuevos actores, descongestionar juzgados, fortalecer la mediación privada, estandarizar la certificación, establecer régimen de responsabilidades. Atención, nada de lo anterior es su fin último. En el núcleo deben habitar las necesidades jurídicas de las familias porque es ahí en donde está el permanente lamento, el desesperado grito que exige acceder a una Justicia eficiente.
Asumamos con pasión, entusiasmo y creatividad la Nueva época de la Mediación Mexicana.
POR SERGIO VALLS ESPONDA
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO
@SERGIOVALLSE