Si la tendencia observada en lo que va de 2020 en materia de incidencia delictiva se mantiene hasta el último día de diciembre, el número total de delitos del fuero común ascenderá a 1 millón 850 mil, lo que representa un descenso del 11.7% respecto de 2019, cuando se registraron 1 millón 69 mil delitos.
Si no fuera por la llegada del coronavirus al país, que obligó a paralizar temporalmente las actividades económicas y confinar las potenciales víctimas del delito en sus casas, hoy estaríamos celebrando haber alcanzado el tan anhelado punto de inflexión en la incidencia de delitos gracias a la estrategia de seguridad y no al Covid-19.
Habrá que recordar que algo parecido sucedió en 2014, cuando se alcanzó el mayor descenso en el número de víctimas de homicidio doloso gracias a la estrategia e infraestructura construida por la administración anterior más que a los avances del gobierno entrante, que dicho sea de paso se dedicó a descalificar lo realizado pero sin dejar de apoyarse en las instituciones heredadas.
Si alguien tiene duda de que la pandemia es el principal factor de descenso en todos los delitos a nivel nacional, solo es cuestión de revisar los indicadores de abril (primer mes de encierro y cese de las actividades económicas casi en su totalidad) respecto de marzo, para constatar que la disminución fue de casi 34% en delitos totales, algo nunca visto en los 24 años de existencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo más cercano a este comportamiento fue el descenso de octubre a noviembre de 2014 con 12.7%, sin que se haya identificado la razón como en esta ocasión con el coronavirus.
Mejor aún, es muy probable que con el retorno al semáforo rojo por parte de la Ciudad de México, Estado de México y Baja California durante los últimos 13 días de 2020, así como Morelos y Guanajuato durante los últimos 12 y 11 días, respectivamente, la incidencia delictiva descienda un poco más al cierre de año.
Lo negativo de los “avances” en materia de seguridad es que por la misma razón la economía retrocederá casi en la misma proporción, es decir, mientras la incidencia delictiva mejora en 11.7% durante 2020 por el encierro y la parálisis económica, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrae en promedio 9.3% al finalizar el año.
En términos matemáticos a esto se le llama correlación negativa, que consiste en que cuando una variable disminuye, la otra también, solo que en el caso de la economía lo es literal y técnicamente negativa.
Si para disminuir la incidencia delictiva hay que castigar el crecimiento económico y dejar que miles de personas mueran como sucedió en 2020, el costo es muy alto y lo mejor sería buscar otras fórmulas que no traigan consigo “daños colaterales” como sucedió en con el empleo formal derivado del cierre temporal o definitivo de micro, pequeñas y medianas empresas. Si a lo anterior se agrega que el gobierno federal decidió desde un principio no apoyar económica o fiscalmente a estos empresarios, la recuperación será más lenta e incluso incierta, a diferencia de la pandemia de la Influenza AH1N1 en 2009.
Desde esta perspectiva, al no atender las causas de la violencia como el empleo y la inversión privada, “serenar” al país llevará más tiempo del señalado en los discursos a lo largo de los dos primeros años. Por lo pronto la disminución en la incidencia delictiva de 2020 será festejada por el gobierno de la República, de los estados y los municipios teniendo como invitado de honor al coronavirus, verdadero causante del descenso.
POR FACUNDO ROSAS
EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL