¿Por qué los partidos políticos y sus legisladores no hicieron en el Congreso los cambios legales necesarios para cambiar la fórmula matemática actual que les da dinero a manos llenas? Porque sencillamente nos les conviene echar la soga a su propio cuello. Al final, son cómplices de lo mismo. Lejos de hacer un verdadero trabajo en sus bases, que se refleje en más militancia y simpatizantes, generar propuestas claras que la gente conozca y actuar como gestores sociales, se dedican a utilizar el dinero de los ciudadanos en encuestas para elegir sus dirigencias, deshechas estructural e ideológicamente, tanto que el Tribunal Electoral tuvo que ordenar al INE organizar la encuesta para elegir al presidente. El león cree que todos son de su condición. Si no confían entre ellos ¿cómo quieren ser partido? El INE debe obligar a los partidos a transparentar sus recursos y fiscalizarlos con todo rigor.
En 2021 recibirán 7 mil 226 millones de pesos, 38% más que los 5 mil 239 millones de este 2020. Un negocio redondo. Si México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, hubiese obtenido el registro, le habrían otorgado al menos 168 millones de pesos. El Partido Encuentro Solidario recibirá una cantidad incluso mayor, aun cuando perdió el registro como Encuentro Social por no obtener siquiera 3% de los votos. El patrón se repite continuamente bajo la falacia de que más opciones fortalecen la democracia. ¿Qué evaluación objetiva hay de su desempeño? La verdadera encuesta son los votos y por eso pierden.
[nota_relacionada id= 1231005]Más aún, el INE está solicitando 20 mil 463 millones de pesos como presupuesto para 2021, 79 por ciento más que en 2020, para destinar 8 mil 168 millones en la organización del proceso electoral, y subraya que se requeriría más dinero en caso de realizar la consulta para enjuiciar a los expresidentes, porque significa, de nuevo, millones de boletas, urnas, mamparas, casillas y demás cosas necesarias para una jornada que no puede realizarse el mismo día que la elección, sino 50 días después. Una consulta que la Suprema Corte puede no avalar, dado que la pregunta podría violar el debido proceso al señalar una culpabilidad antes de una sentencia. Si hay un presunto delito, se investiga y se castiga, no se necesita una consulta popular. Pero si la echa atrás, pagará un costo político alto, innecesario y riesgoso para la estabilidad institucional. ¿Cómo pedirles que propongan o le entren al debate de temas como una reforma judicial urgente en el tema de los feminicidios o que den frente al daño terrible que sufren las instituciones de salud del que fueron cómplices durante al menos los 4 sexenios recientes?
¿Vamos a seguir dándoles más dinero? ¿Para qué? ¿Para que se mantengan agazapados y renuentes a pagar costos políticos en la discusión de temas polémicos y complejos que afectan a la sociedad o porque temen ser señalados de corrupción u omisión cuando hay que discutir políticas públicas? Es hora de cambiar el enfoque y exigir resultados.
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
COLABORADORA
@ADRIDELGADORUIZ
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