Todo el mundo le está apostando a las energías limpias porque es claro que lo necesita el planeta. Según datos oficiales, el 40% de los hogares en México no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades en materia de energía o gastan una parte importante de sus ingresos en ese rubro, dejando en evidencia que la desigualdad en nuestro país incluso afecta el acceso a la electricidad.
Conociendo esta realidad, el gobierno morenista le ha apostado desde el inicio de su administración a las energías fósiles y al petróleo como “motor del desarrollo nacional”, pese a ser muy contaminante.
Gran parte del territorio nacional es idóneo para captar energía solar y eólica a tal punto que hasta el total de la demanda podría ser cubierta, incluso podría convertirse en excedentes para exportar.
Sin embargo, el presidente ha rechazado sistemáticamente estos datos y en diciembre de 2018, una vez que hubo tomado posesión de su cargo, ordenó la cancelación de las subastas eléctricas. Incluso durante la pandemia, el gobierno morenista ha empujado acuerdos para que se limiten las pruebas operativas de centrales privadas de energías limpias. En ese sentido, el Consejo Coordinador Empresarial se manifestó contra la medida porque se ponían en riesgo millones de dólares de inversiones en territorio nacional.
Pero el problema de México es más grave cuando se toman en cuenta las condiciones adversas que enfrentan las personas defensoras del medio ambiente pues las autoridades muestran una evidente incapacidad para proteger sus vidas. Según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), de 2012 a 2019 se registraron 83 asesinatos y 499 ataques contra estos defensores, convirtiéndose en uno de los países más peligrosos para hacer activismo por el planeta.
[nota_relacionada id= 1230518]Durante la actual administración, 30 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas, según datos de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos; además, se denunciaron las continuas amenazas que han recibido quienes se oponen a los megaproyectos como el Tren Maya.
Nos ha quedado claro que a este gobierno no le interesa la agenda verde y, en consecuencia, México está perdiendo protagonismo a nivel internacional. Prueba de ello es que los principales proyectos del gobierno federal no tienen estudios de impacto ambiental, que determinan entre otras cosas los posibles efectos, así como la valoración de las afectaciones directas o indirectas en el medio ambiente.
Es tiempo de cerrar filas de cara al 2021 y proponer una política verde que de prioridad a la agenda de sustentabilidad, al desplegar políticas públicas, económicas, productivas, energéticas, educativas y culturales, que garanticen el desarrollo sostenible.
POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO
SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL