El mecanismo de consulta ciudadana busca incorporar la participación de la población en temas relevantes para la sociedad. En este sentido, es un complemento a la democracia representativa por la cual los electores eligen a sus autoridades y representantes. Es un complemento, no un sustituto de las facultades y obligaciones de los gobernantes.
De ahí que el uso de la consulta esté acotado y reglamentado. La Constitución mexicana prevé el número, procedimiento a seguir y, sobre todo, aquellos asuntos no susceptibles de ser consultados a la ciudadanía. Por ejemplo, la restricción de los derechos humanos, la organización de la República, la materia electoral o la seguridad nacional no pueden votarse en una plaza pública.
La presente administración ha recurrido constantemente a las consultas. Al no cumplir los requisitos legales ha optado por ejercicios informales para definir la suerte de un aeropuerto, un tren o una empresa cervecera. Ahora, el presidente López Obrador insiste en preguntarle a la gente si quiere enjuiciar a cinco de los seis expresidentes vivos (Luis Echeverría queda excluido).
El tema no es menor y tiene serias implicaciones jurídicas y políticas.
Jurídicamente, porque viola el principio de legalidad y el derecho al debido proceso previstos en la Constitución, mismos que no pueden someterse a votación popular. Políticamente, porque pretende usar un mecanismo democrático contra la propia democracia.
Así lo ilustra Gustavo Zagrebelsky en su libro “La crucifixión y la democracia”. El jurista italiano hace un interesante análisis de los momentos previos a la pasión de Jesucristo, donde para evadir una indeseada responsabilidad, Poncio Pilatos elige otra vía e inicia “un procedimiento 'democrático' apelando al pueblo".
La decisión final la toma una turba que sólo se apaciguaría con la condena y ejecución del procesado. A partir de ahí, Zagrebelsky aborda el socorrido recurso a utilizar la voz del pueblo como coartada de decisiones contrarias a la esencia democrática.
Incluso ahora, con el desarrollo tecnológico y los cambios en la relación entre gobernantes y gobernados, “se hace posible que puedan parecer democráticas formas de gobierno más bien autoritarias".
"Peor aún, este cambio se presenta bajo el signo de mayor respeto a la voluntad del pueblo soberano. La ambigüedad es la característica que define mejor la democracia de nuestro tiempo".
Según el autor, se puede afirmar que quienes más ensalzan al pueblo lo hacen para utilizarlo, como un objeto instrumental de la democracia.
Desde luego, no se trata de equiparar a los expresidentes mexicanos con Jesús de Nazaret. Pero, como advierte Zagrebelsky, el ejemplo histórico ilustra cómo la desinstitucionalización de la democracia, adulando la sabiduría de la gente común, suele desembocar en un resultado autoritario, oculto bajo formas que parecen ultrademocráticas . [nota_relacionada id=1224259]
POR VERÓNICA ORTIZ ORTEGA
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