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La Corte bajo acecho

OPINIÓN

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El presidente López Obrador no es amigo de las leyes. El primer mandatario, que juró respetar y hacer respetar la Constitución, dice campante, sin tapujos, que para él la legalidad es un estorbo, una “maraña de normas”, un inconveniente burocrático que puede ser legítimamente pasado por alto si obstaculiza a su gobierno o que puede torcerse si le sirve para atacar a sus adversarios.

En un país en el cual de por sí falta cultivar el respeto por la ley, el presidente es el primero en llamar a desobedecerla. En un México agobiado por la falta de Estado de derecho y por la impunidad, el presidente se apresura a terminar de derruir sus bases institucionales y a deslegitimar a sus representantes públicos.

No es nuevo. Desde antes incluso de asumir el poder organizó una consulta espuria para cancelar un aeropuerto que no le gustaba. Después, a lo largo de dos años se ha seguido burlando la ley; pasando por imponer funcionarios públicos en altos cargos, como en la CNDH, hasta para llevar a cabo obras públicas millonarias sin los ordenamientos jurídicos correspondientes, como la refinería de Dos Bocas.

Ahora es la Suprema Corte de Justicia la que está bajo acecho. Con el Ejecutivo bajo su control y sus mayorías en el Congreso; con los organismos autónomos debilitados y la prensa bajo ataque, ahora el presidente apuesta por someter al Poder Judicial, que debiera ser autónomo, para avanzar en su aventura destructiva del Estado y de la vida pública.

El truco es tan sencillo como perverso: se pone un tema popular en la agenda pública, “que se lleve a juicio a los expresidentes”. Se propone una consulta anti constitucional, sabiendo de antemano que, por su ilegalidad, la Suprema Corte de Justicia se verá obligada a rechazarla. Se culpa a la Corte de ser parte de la mafia del poder. Y si los ministros llegaran a votar a favor, se consumaría un duro revés a la legalidad: una Corte capturada.

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Lo cierto es que el dictamen del ministro Luis María Aguilar en ninguna parte dice que no se debe hacer justicia. Lo que dice, en resumidas cuentas, es que para llevar a juicio a cualquier persona no se requiere una consulta, pues las autoridades pueden en cualquier momento, si tienen elementos, empezar una investigación. Para el presidente esto es lo de menos, porque para él no es un tema de razón jurídica, sino de rentabilidad política: se trata de desacreditar al Poder Judicial y desviar la atención ciudadana de las crisis sanitaria y económica.

Este jueves la Corte deberá revisar el caso. Todo apunta a que rechazará la consulta y, si los ministros son independientes, deberían hacerlo por unanimidad. Los ciudadanos demócratas necesitamos respaldar decididamente la Constitución y a la Suprema Corte. Si no defendemos a quienes hacen valer la ley, pronto ya no habrá ley que nos proteja contra las arbitrariedades desde el poder.

POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
DIPUTADO CIUDADANO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
@GuillermoLerdo
lctl