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Ociosidad

OPINIÓN

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Haciendo abstracción del evidente objetivo político-electorero que el Presidente persigue con la consulta popular que pretende llevar a cabo en la jornada electoral del próximo 6 de junio, hay que preguntarse ¿cuál es la utilidad de esta consulta para efectos prácticos?

El Presidente pide que se pregunte al electorado si está de acuerdo con que se investigue, y en su caso se sancione, a los Presidentes de México de los pasados treinta años, por la presunta comisión de delitos.

En la exposición de motivos de su solicitud, turnada a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar en la SCJN, López Obrador dice que si la consulta se aprueba, las instituciones que investiguen tendrán un gran respaldo.  Si se rechaza, nadie podrá acusarlas de encubrir o solapar conductas ilegales.  Y en seguida expresa que él votaría por no someter a los expresidentes a proceso.

En el proyecto, que dictamina la inconstitucionalidad de la pregunta, el Ministro Aguilar hace referencia a estas afirmaciones en los numerales 75 y 76.  Expresa que una resolución negativa de la consulta, ordenaría a las autoridades competente a no cumplir con sus obligaciones.  En este caso se presentaría un grave conflicto a las autoridades jurisdiccionales, que deben investigar las conductas delictivas de las que tenga conocimiento por mandato de ley.  ¿Obedecer la voluntad popular, o cumplir su obligación?

Yo agrego que si de la consulta se obtuviera un resultado afirmativo, es muy probable que se generara un ánimo de linchamiento contra los expresidentes mencionados en la pregunta, y una presión sobre la autoridad, que por otro lado no modifica en un ápice su facultad legal de investigar y, en su caso, sancionar a quien resulte responsable.

En su exposición de motivos, López Obrador enumera una serie de eventos de los pasados treinta años:  concentración de la riqueza, quebrantos al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados…  Dice que esto llevó al crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación de derechos humanos, la impunidad y el quebrantamiento del Estado de Derecho… Y concluye que estos males fueron consecuencia del modelo neoliberal, al que sirvieron los titulares del Poder Ejecutivo

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El análisis de la petición presidencial concluye que la pregunta que pretende plantearse conlleva una restricción de los derechos humanos, pone a consideración si las autoridades deben o no cumplir su deber, circunscribe a cinco el número de presuntos culpables de delitos durante treinta años, obstaculiza el acceso de las víctimas a la justicia, impide el debido proceso de los implicados, viola la presunción de inocencia.

En palabras del Ministro Aguilar, la suma de lo anterior constituye un ‘concierto de inconstitucionalidades’.  Pero además, no tiene ninguna utilidad:  esta consulta es una ociosidad.

POR CECILIA ROMERO
COLABORADORA
@CECILIAROMEROC
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