Desde 2014, la 4T hizo campaña a costa de los normalistas secuestrados —y muy probablemente asesinados— en Iguala. Luego ganó la presidencia y se hizo control de la cámara baja, todo para llegar ahora y salirles a sus familiares, salirnos a todos los mexicanos, con la chorrada de cambiar la “verdad histórica” por: “la única verdad es que no hay verdad”... ¡Por favor! Destruyen la versión de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón, pero no ofrecen ninguna alternativa. ¿Será que no la hay? ¿O que lo descubierto a la fecha no le gusta al gobierno actual?
Pero de que hay una verdad, la hay. Igual es verdad que, a seis años del trágico final de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, las preguntas formuladas por los deudos siguen sin tener respuesta.
En la ceremonia que tuvo lugar este fin de semana en Palacio Nacional, se presentó un balance de lo que ha investigado y realizado la presente administración. Solo quedó claro su afán por desechar la “verdad histórica” y anunciar que hay —y vendrán más— órdenes de aprehensión contra militares y —antes— policías, hoy algunos de ellos miembros de la Guardia Nacional. Pero el dónde están los estudiantes o el qué ocurrió con ellos sigue en el rubro de las incógnitas. A esas se suman otras, entre ellas: ¿por qué dejar libres a criminales y luego reclamar una liberación con base en una “verdad histórica” que la 4T rechaza?
Supongamos que existen esas órdenes de aprehensión —las cuales, por cierto, no debían de haber sido anunciadas pues se corre el riesgo de que los presuntos culpables huyan antes de que se pueda ejercer contra ellos acción penal—, ¿contra quiénes girarían? ¿Contra una ex funcionaria del ministerio público llamada Blanca Alicia Bernal? ¿Contra otros 80 funcionarios federales, estatales y municipales, incluidos los del ámbito militar?
No olvidemos que la obediencia es la base de la disciplina militar, con lo cual se esperaría que no solo cabos o tropa rasa fueran apresados. Además, existe la justicia militar, así que los elementos deberían ser procesados de manera marcial y no por la ley civil. ¿Hasta qué grado se podrían esperar las aprehensiones? Pronto lo sabremos.
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Sin embargo, de continuar por ese camino, se tendrá un dilema mucho muy gordo en la construcción de la nueva forma de hacer gobierno de la 4T, la cual parte de la idea del presidente de la república de otorgar todo tipo de responsabilidades —mismo del orden civil— al cuerpo castrense. Desde el manejo de las pipas de PEMEX, pasando por la construcción del aeropuerto, el transporte de libros de texto, la edificación de sucursales del Banco del Bienestar y aun el traslado de vacunas, hasta la administración de los puertos y aduanas, ser el muro de Trump y un largo etcétera.
Cada día, los militares amanecen con más funciones. Y con la exigencia de realizar todas las actividades anteriormente descritas —ello sin descuidar la seguridad nacional—, empiezan a surgir preguntas y contradicciones. En este caso el dilema salta a la vista. Al realizar tareas ajenas a sus obligaciones, en caso de algún problema, ¿cómo serían juzgados? ¿Bajo la ley civil o la militar? ¿Se les otorgan más responsabilidades y a la par se les persigue por supuestos excesos u omisiones como los de Ayotzinapa? Incluso si fuera cierta su participación en Iguala, ¿implica que el próximo sexenio serán perseguidos por no haber hecho nada en Tlahuelilpan, a pesar de que se encontraban presentes? Recordemos: los militares acatan órdenes y no conviene ponerlos entre la espada y la pared que, en este caso, supone dos alternativas igualmente imposibles para todos ellos: rebeldía o “negación por conciencia”.
Mientras en el gobierno dilucidan cómo contestar las preguntas que en verdad importan sobre los 43 estudiantes desaparecidos, se debería ofrecer certeza jurídica a las fuerzas del orden que cumplen instrucciones, lo cual no debe ser sinónimo de impunidad ante los actos de abuso de poder o delitos en contra de la nación.
Las acusaciones sin sustento, así como el uso del ejército más allá de sus facultades, deben tener límites.
Las contradicciones en las órdenes e instrucciones dadas se están convirtiendo en un peligro tanto para los civiles como para los militares. Desgraciadamente, mientras no se respeten los límites de las instituciones y la ley por el mismo gobierno (no importando quién esté en el poder), como fue el caso de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda en Guerrero, nada habrán hecho distinto los lopezobradoristas. La historia se repetirá, sumando víctimas civiles y militares. Y esa historia sin fin es precisamente la que se debe evitar.
POR VERÓNICA MALO
veronicamaloguzman@gmail.com
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