La relación entre Estados Unidos y México parece nublada y entre problemas derivados de exigencias estadounidenses: los demócratas demandan el cumplimiento de condiciones ambientales y laborales incluidos en el tratado comercial regional, y los republicanos, una mayor cooperación en problemas de ley y orden, incluso migración y narcotráfico.
Lo más probable es que a futuro y sin importar quién sea electo el próximo noviembre, haya intentos de presión que surjan alternadamente de los dos extremos, como resultado de intereses políticos domésticos, con el comercio y la colaboración bilateral como palanca.
Esas, al menos, parecen las intenciones políticas, pero no es tan simple en una relación bilateral que es cada vez de mayor interdependencia y que limita el espacio de maniobra real de los gobiernos, aunque mucho más en el caso del mexicano.
El miércoles, el gobierno del presidente Donald Trump advirtió a través de un memorando divulgado por la Casa Blanca que "a menos que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el próximo año respaldado por datos verificables, México correrá un grave riesgo de que se concluya que no ha cumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas".
Más aún, agregó, "México debe demostrar claramente su compromiso de desmantelar los cárteles y sus empresas criminales y hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por estos grupos".
El retroceso al juego de presiones de los años 80 puede tener motivos electorales, pero no puede tomarse a la ligera, sobre todo si se considera el empeño puesto por Trump en cumplir su promesa de 2016, de construir una barda en la frontera.
Y eso lleva a la posición de los demócratas, que promovieron la inclusión de condiciones laborales y ambientales en el nuevo Tratado de comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y prometen vigilar su cumplimiento.
La presión demócrata pudiera ser más o menos bienvenida por grupos obreros beneficiados en principio por los mejores salarios que prometen las medidas o por los grupos ecologistas que podrían encontrar mayor apoyo a sus posiciones.
Pero si el tema salarial conjuga bien con las políticas declaradas del gobierno mexicano, el antinarcóticos implica rumbos distintos para su política antinarcóticos.
La "descertificación" de la lucha antidrogas de México podría tener consecuencias en lo que se refiere a la colaboración de seguridad y comercio fronterizo.
En todos los temas hay irritantes para la relación bilateral en más de una forma.
Algunos especialistas estadounidenses creen que México está enmedio de una crisis y es el momento de apoyarlo, pero otros ven una oportunidad para presionarlo en direcciones determinadas.
En cualquier caso, pondrá a prueba la capacidad del gobierno mexicano.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@HERALDODEMEXICO.COM.MX
@CARRENOJOSE
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