En esta entrega que tiene como antecedente la columna de la semana pasada, respecto a las revelaciones del Presidente de la Suprema Corte expresadas en una video conferencia magistral dirigida a la Universidad Iberoamericana, me referiré a los comentarios de Arturo Zaldívar hacia un sector de juzgadores federales que ha sido crítico con sus políticas de cero tolerancia contra el nepotismo y la corrupción.
El ministro fue categórico: “Me parece que haber hecho una consulta a quienes tienen el nepotismo como norma de cultura y a quienes viven de la corrupción y a quienes viven de los privilegios, si les gustaría que se los quitiramanos, pues hubiera sido un tanto cuanto ociosa”.
En México hay casi mil 500 jueces y magistrados federales que trabajan en 853 juzgados y tribunales distribuidos en los 32 circuitos del país, me atrevo a decir que una abrumadora mayoría de ellos son funcionarios honestos, sin embargo el propio presidente de Judicatura tiene plenamente identificados a quienes se arraigan a las inercias.
“Esta reforma no ha gustado a algunos grupos, yo los llamo a que piensen que reforma estaría aprobandose de no ser esta, en este momento. En segundo lugar, muchos no todos de quienes están en contra, son precisamente quienes se han visto afectados en sus privilegios”.
Hay casos realmente indefendibles, basta recordar entre otros, a Francisco Arcovedo, un magistrado de circuito en Campeche que llegó a colocar 14 parientes y compadres laborando en diversos juzgados y tribunales a través de nombramientos cruzados en acuerdo con algunos colegas.
Un hecho inobjetable, es que Zaldívar ha sido el Presidente de la Judicatura Federal que más ha evidenciado y combatido el nepotismo, lo que provoca fuertes reacciones internas. “Yo estoy convencido de que la mayoría del Poder Judicial Federal está de acuerdo con lo que estamos haciendo, la asociación de Jueces y Magistrados no representa a todos los juzgadores federales, no representa ni a la mitad de los juzgadores federales, respeto a la organización y sus pronunciamientos, pero no pueden decir que ellos si representan a todo el Poder Judicial”.
Mencionó públicamente lo que al interior resultaba un valor entendido y práctica común para adscribir en el Primer Circuito, ubicado en la Ciudad de México a un grupo de notables. No implica lo mismo ser juez o magistrado en la capital, que en Matamoros, Culiacán, Colima o Ciudad Juárez.
“Pregúntenle ustedes a las juezas, a las magistradas que llegaron por paridad de género a sus cargos, a los buenos y a las buenas juzgadoras federales que hoy pueden estar en adscripciones que antes eran de unos cuantos privilegiados. Preguntenle a los que hoy están en el Primer Circuito, a donde no podían llegar porque los mismos estaban siempre en el Primer Circuito”.
No recuerdo declaraciones tan frontales de un ministro presidente en los últimos 25 años.
EDICTOS
- Hace unos días le informé en este espacio sobre el caso de la magistrada Martha Leticia Muro Arellano adscrita en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en Zapopan, quien advirtió a su colega ponente en la sesión pública del 26 de agosto que debía tener consideraciones especiales cuando se analizaba el litigio de una importante empresa productora de leche en Jalisco, por ser “mediático”. Le puedo anticipar que el Consejo de la Judicatura Federal pidió a Muro Arellano una tarjeta informativa para aclarar sus expresiones y que mañana se presentará una queja contra la magistrada por su falta de objetividad, la cual debería obligarla a declararse incurso impedida para conocer del asunto sobre el que ella misma ha solicitado tener presente su notoriedad periodística, respecto a resoluciones judiciales en la perla de occidente.
- Ha llegado formalmente al Máximo Tribunal la consulta sobre la procedencia jurídica del probable enjuiciamiento a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador no necesita hacer tantas consultas para distribuir el costo de sus decisiones. Teniendo elementos objetivos para hacerlo, es su deber y en consecuencia proceder sin tanta parafernalia. Lo trascendente, es determinar si existen los elementos probatorios contundentes para fincarles presuntas responsabilidades que se deberán dirimir en procedimientos apegados a derecho. La consulta hacia la Corte es ociosa y de obvia respuesta. El verdadero fondo, es la búsqueda de un pronunciamiento público que otorgaría el aval de los ministros, quienes deberán ser muy cautelosos con la respuesta que darán en el plazo de 20 días naturales que ya comenzó a correr desde ayer.
POR ENRIQUE RODRÍGUEZ
ENROMA27@GMAIL.COM
@JENROMA27
eadp