Desde 2012 el Congreso ha dejado en el tintero uno de los más grandes pendientes en materia de derechos humanos: la emisión de la Ley Reglamentaria del artículo 4 de la Constitución que reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento. Dicha reforma requería que, en un plazo de 360 días, se expidiera la correspondiente Ley General de Aguas.
En los últimos meses el tema cobró especial relevancia debido a que la pandemia del COVID-19 mostró lo necesaria que es el agua para la salud de la gente. Además, durante este año se presentaron tres iniciativas en el Congreso. Si bien estas presumen de una concepción independiente, muestran similitudes que convergen hacia una “democratización privatizadora” de las funciones del gobierno en materia de agua, a la vez que presumen alejarse de la privatización.
Las iniciativas parten de una supuesta participación ciudadana en la toma de decisiones en torno al recurso hídrico, lo cual en sí mismo es loable y necesario. Sin embargo, la participación como está planteada se extralimita al transferir facultades de los diferentes órdenes de gobierno a nuevas estructuras donde ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil serán los encargados de la planeación y gestión de un recurso por demás estratégico. Su funcionamiento es cubierto con recursos del presupuesto federal, estatal y municipal.
Así, en su pretensión de una aparente justicia social, proponen empoderar a los consejos “ciudadanos” para resolver el problema que denuncian en sectores como el agrícola. Plantean eliminar subsidios de grandes productores, lo que además de discriminatorio, pondría en riesgo la seguridad alimentaria del país.
Las iniciativas pretenden tomar el control de los cuerpos de agua superficial y subterránea, propiedad de la nación, ya que proponen incidir en la definición y destino del presupuesto anual del sector, así como en las políticas de recaudación a nivel federal. Además, plantean incidir en las políticas locales, llegando al extremo de tomar decisiones sobre los presupuestos estatales y las obras de infraestructura.
[nota_relacionada id=1171113]Las leyes propuestas planean un rediseño institucional que crearía un gran número de estructuras burocráticas y facultaría a terceros autorizados para certificar, verificar o realizar estudios y monitoreos de diversas variables del ciclo hidrológico, lo que representa una importante carga presupuestal. La esencia de las iniciativas, lejos de garantizar el derecho humano al agua que pretenden reglamentar, intentan en algunos casos crear un nuevo escenario mercantil en torno a los servicios que en ellas se plantean. Muy al estilo de la 4T, las propuestas plantean deshacer instituciones como la CONAGUA; proponen, incluso, evaluar el funcionamiento de tratados y acuerdos internacionales. Las iniciativas contienen violaciones a la Constitución. Y lo más grave, no fortalecen las políticas para garantizar el derecho al agua.
POR MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT
DIP. INTEGRANTE DE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS NATURALES.
MARCELA.TORRES@DIPUTADOS.GOB.MX
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