En materia de secuestro el gobierno federal atenderá cada vez menos casos, dejando gradualmente esta responsabilidad a las autoridades locales, por lo menos ese es el mensaje al cumplirse 21 meses de la actual administración y después de un significativo descenso ayudado por la pandemia del Covid-19 que se ha prolongado por casi 5 meses.
Así lo indican las más recientes cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y las que recopila la organización no gubernamental “Alto al secuestro”, las cuales establecen que durante los meses más recientes únicamente el 1% de los casos que se denuncian a nivel nacional fueron atendidos por la autoridad federal, léase Guardia Nacional, Policía Federal Ministerial y las Fuerzas Armadas, cuyo despliegue en el territorio nacional es de por lo menos un tercio de todas las policías estatales y municipales del país.
Cabe recordar que el 2000 y 2018, las corporaciones federales conducidas jurídicamente por la entonces Procuraduría General de la República a través de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) y más tarde Unidad Especializada en Investigación de Delito de Secuestro (UEIDS) atendían entre el 15% y 40% de los casos denunciados en el país y concluían con resultados favorables consistentes en el pago (cuando era preciso hacerlo para garantizar la vida de la víctima) de solo el 5% del monto exigido por concepto de rescate y una recuperación de víctimas sanas superior al 99%.
Pese a la alta participación de las instancias federales en la solución del problema del secuestro, fue hasta el 2015 cuando sus resultados comenzaron a reportarse al SNSP por separado de lo informado por las Procuradurías y Fiscalías locales, aunque la estadística que se difunde mes a mes sólo toma en cuenta lo reportado por los estados como delito del fuero común.
Una señal adicional de esta baja en la atención de casos de secuestro por parte del gobierno federal es el eventual desmantelamiento de las áreas especializadas en su combate que habían sido formadas desde finales de 1990 en el extinto CISEN, después en la AFI y posteriormente en la Policía Federal, cuyos cuadros cuentan con la capacidad y experiencia necesaria para prevenir y combatir este flagelo, pero comienzan a ser asignados a otras áreas para atender otros delitos de alto impacto dado su perfil profesional.
Antes de quedarse sin empleo, personal con este nivel de competencia ha comenzado a migrar a instancias locales de prevención o de investigación de secuestro, entre ellas la Ciudad de México, donde sus conocimientos serán aprovechados para hacer frente a este delito. Incluso algunos de ellos han buscado refugio en la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), dependiente del gobierno federal, pero con funciones de articulación de esfuerzos entre las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS) de las entidades federativas, mas no de carácter operativo.
Un fenómeno similar se presenta en algunas de UECS de los estados, donde debido a la metodología utilizada, las rigurosas evaluaciones de control de confianza y la capacidad de sus integrantes, comienzan a asignarles funciones que los distraen de su responsabilidad principal que es combatir el secuestro.
En estas condiciones nos encontrará la nueva normalidad, esa en la que las personas salen del confinamiento y vuelven a ser potenciales víctimas de secuestro, debido a que también los secuestradores volverán a las calles a seguir delinquiendo, por lo que existe una alta probabilidad de que este delito repunte a niveles del marzo del 2020 e incluso de 2019. [nota_relacionada id=1204242]
POR FACUNDO ROSAS
EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL
irv / eadp