La difusión de un video donde un político recibe dinero ilegalmente supone el inicio de una investigación que culmina en un juicio donde se determina su inocencia o culpabilidad en función de las pruebas presentadas por las partes. Normalmente el ser pescado infraganti implica la renuncia al cargo y el sometimiento a un proceso legal para determinar la gravedad del caso.
Pero en México el Estado de derecho es débil o prácticamente inexistente en ese terreno. La presunción de inocencia no existe y mucho menos la certeza sobre un debido proceso en las distintas instancias de procuración e impartición de justicia. Por ello la importancia de producir el mayor escándalo posible para determinar quién es más corrupto y cuál video es más creíble ante la opinión pública. Portafolios versus bolsas de papel, operadores políticos contra funcionarios de alto nivel, o cinco millones de pesos de apoyo a una causa justa vs cifras multimillonarias destinadas al enriquecimiento personal.
El fin justifica los medios, y la ley no es necesariamente un instrumento para impartir justicia. Lo que para unos es legítimo, para otros no. Por eso el único espacio reconocido de legalidad en México se dio en el ámbito del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando nuestro país tuvo que someterse al arbitraje internacional para garantizar el funcionamiento del acuerdo.
En este contexto, quien presente los videos más comprometedores será quien pueda usar esta arma como bomba mediática en el proceso electoral 2021. Una clase política que en su totalidad hizo compatible la utilización de recursos ilícitos para ganar elecciones, junto con la construcción de un sistema democrático distinto al modelo autoritario anterior, no puede en este momento acusar a sus adversarios de utilizar dinero sucio, sin garantizar que ella misma no haya hecho uso de este instrumento.
Es obvio que ante el desastre económico y sanitario que vivimos, el gobierno encabezado por López Obrador intenta hacer girar la agenda nacional en torno al tema corrupción como única forma de evitar asumir la responsabilidad por la magnitud de la catástrofe. El problema es que destapar la cloaca del dinero vía un hampón confeso como Lozoya, hace que la otra parte, poseedora de videos igualmente comprometedores decida asumir el costo colectivo de la estrategia: todos le entramos al dinero ilegal de una u otra forma, y nos hundiremos como una generación de políticos que hizo de la ilegalidad una forma de vida.
[nota_relacionada id= 1197897]Estamos ante la posibilidad de que la crisis del coronavirus desate otras, no sólo en el terreno de la salud y la economía, sino en el corazón mismo de la clase política mexicana.
POR EZRA SHABOT
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