En el sistema institucional de partidos políticos las reglas son muy claras: toda aportación de simpatizantes que reciban los partidos, en campaña o fuera de campaña, deben ser registradas individualmente por cada aportante, el partido debe de emitir un recibo de cada aportación y el dinero debe de ser depositado en una cuenta de cheques. El INE por su parte, tiene acceso a todos los movimientos bancarios de los partidos.
Cualquier recurso que un partido reciba a través de cuentas paralelas no reportadas al INE, o en bolsas de dinero, fajos amarrados con ligas o en sobres, maletitas o cualquier otro medio, es violatorio de la ley y tiene un fuerte tufo a corrupción. La razón es muy simple: el INE debe de vigilar que las aportaciones a los partidos se ajusten a los límites permitidos. Además, el INE debe verificar que el origen de los recursos sea lícito y no provenga de empresas mercantiles, dependencias públicas, organismos autónomos o internacionales, o personas que vivan en el extranjero. Por eso no se valen aportaciones anónimas.
El reto del INE al fiscalizar a los partidos es detectar ese tipo de aportaciones ilícitas porque evidentemente los partidos no las reportan. Por eso es necesario que alguien denuncie ante la Comisión de Fiscalización del INE ese tipo de violaciones para iniciar una investigación. Eso fue lo que hizo el PAN en contra de MORENA, a partir de los videos en los que Pío López Obrador es visto recibiendo dinero de David León, presuntamente proveniente de aportaciones del pueblo.
[nota_relacionada id= 1211188]Es hora de dejar que las instituciones trabajen y que el Estado de Derecho opere. El INE tendrá que resolver sobre ese y otros casos. Lo mismo se debiera pedir a la FGR en el caso Lozoya. Los denunciados tienen derecho a la presunción de inocencia y el respeto a su reputación y, sobre todo, al debido proceso. No nos acostumbremos a un uso personalizado de la impartición de justicia a través de las “mañaneras”, con la fabricación adelantada de culpables y la afectación a personas que bien podrían ser inocentes. Ello equivaldría a renunciar a nuestras instituciones y, en efecto, mandarlas “al diablo”. En el caso de los expresidentes que se quiere enviar a juicio, el presidente y el pueblo no tienen opción: si hay base jurídica para procesarlos, es obligación institucional iniciar el proceso, sin necesidad de consulta alguna. Si no hay un caso de persecución, iniciar un procedimiento sería violatorio de los derechos de las personas, aún cuando el pueblo lo pidiera. La Constitución establece que no podrá ser objeto de consulta la restricción de los derechos humanos. Iniciar una consulta para promover un juicio contra cualquier ciudadano no solo es anticonstitucional, sino una forma de corrupción política que busca ampararse en el pueblo. Por eso es mejor seguir el camino institucional. En todos los casos, la corrupción se combate a través de las instituciones y con procesos libres y transparentes, de otra forma se incurre en más corrupción.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
DECANO ASOCIADO DE LA ESCUELA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG
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