La libertad de expresión es un común denominador en las democracias sanas, pero uno de los principales enemigos de los gobiernos populistas porque sus líderes tienen poca tolerancia a la crítica, solamente quieren aplausos así que las voces disidentes se vuelven el blanco de ataques usando a todo el aparato del Estado.
No es un hecho nuevo, si revisamos la historia de Latinoamérica encontraremos ejemplos claros de esta estrategia. En Ecuador, Rafael Correa inició una guerra abierta contra la libertad de expresión y optó por crear más de 20 medios públicos que fueron incautados a la iniciativa privada, así el gobierno controló a la prensa y estableció cadenas nacionales obligatorias en televisión por horas. Además, utilizó abiertamente los recursos públicos de publicidad oficial para castigar a los medios críticos a su gobierno y consintió con jugosos contratos a quienes aplaudían sus acciones.
En Bolivia, Evo Morales reformó la ley para que el 33% de las licencias de medios de comunicación pertenecieran al Estado, 17 por ciento a organizaciones comunitarias y 17 por ciento a organizaciones indígenas resultando beneficiado pues la mayoría de las concesiones comunitarias e indígenas eran afines al dictador y su partido, convirtiendo a los medios de comunicación en mecanismos de propaganda.
En Venezuela, la historia no fue diferente pues mientras hace 20 años los medios independientes abarcaban 88%, para 2014 solo 46% no estaba bajo la influencia gubernamental.
López Obrador ha sido hostil con los medios de comunicación críticos mientras que a quienes aplauden sus pésimas decisiones los premia, pero ahora utiliza el aparato del Estado para acallar a las voces críticas. La semana pasada nos enteramos que la Secretaría de la Función Pública, retorciendo la ley, decidió iniciar un proceso administrativo para inhabilitar durante dos años a la Revista Nexos para que no puedan recibir publicidad oficial, incluso busca que paguen una multa por casi un millón de pesos.
Cabe señalar que en las páginas de este medio escriben plumas como Héctor de Mauleón, Leo Zuckerman, Jesús Silva-Herzog Márquez y Soledad Loaeza, periodistas con una importante carrera, pero cuyo único “pecado” ha sido señalar los errores del gobierno morenista; así, lo que se pretende hacer desde el gobierno es castigar, usando el dinero público, las opiniones críticas a través de asfixiar sus finanzas lesionando la libertad de expresión lo cual es inaceptable.
Esta es una razón más por la que los ciudadanos libres debemos dialogar para alcanzar una agenda de consenso que nos permita construir un bloque democrático en 2021 que haga frente a este régimen autoritario que busca implantar una verdad oficial; es hora de que cerremos filas para restaurar la democracia mexicana que tantos años nos ha constado construir y comprobar que #SíHayDeOtra.
POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO
SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
lctl