Régimen fiscal petrolero

Cobra especial importancia lo planteado en el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, con relación a los ingresos del Estado Mexicano derivados del sector energético, que en 2006 contribuían con 47 por ciento de los ingresos públicos, mientras que al cierre del segundo trimestre de 2019, se redujo a 30 por ciento; y, sobre todo, por la necesidad de recursos frescos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y el desplome de 17.3 por ciento del PIB entre abril y junio, con respecto al trimestre anterior, de acuerdo con el Inegi.

Para revertir está situación, en primer lugar, plantea una solución logística y de control donde todos los participantes de la cadena de valor del sector energético cuenten con mecanismos confiables para la cuantificación y trazabilidad de los hidrocarburos y petrolíferos; instalando, de acuerdo a la normatividad vigente, sistemas de medición y programas informáticos para estar en condiciones de cuantificar de manera correcta y oportuna las contribuciones del sector energético al erario público.

En segundo lugar, y no por ello menos importante, el documento rector de planeación del sector energético, dejando muy en claro que se respetarán los contratos otorgados en las licitaciones públicas de hidrocarburos, plantea una evaluación en los próximos tres años, sobre todo en sus aportes fiscales y de valor de la renta petrolera.

Es importante precisar que el Estado Mexicano mantiene la soberanía en los 111 contratos firmados con operadores privados, tanto nacionales como extranjeros, tal como lo establece el artículo 27 constitucional, la propiedad, dominio, planeación y regulación de la nación sobre los hidrocarburos del subsuelo es inalienable e imprescriptible.

México cobra un nivel de impuesto a los privados, conocido como Government take, que es la cantidad total de ingresos que un Estado o país, recibe del total de la producción de hidrocarburos, descontando los gastos operativos e inversiones de capital. 

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México ha establecido uno de los cobros más altos del mundo por concepto de Government take, que en promedio es de 76 por ciento; Noruega cobra 70 por ciento, Estados Unidos, 69 por ciento, y Brasil, 63 por ciento.

Aunque el operador privado no encuentre hidrocarburos, cuya posibilidad es solamente de 30 por ciento, tiene que pagar una cuota contractual e impuestos, además de entregarle la información recabada del subsuelo al Estado Mexicano, quien no invierte un sólo centavo.

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Al cierre de 2019, las petroleras privadas habían invertido y contribuido con el pago de impuestos y regalías al Estado Mexicano por cerca de 11 mil millones de dólares.

Por lo tanto, es alentador para las arcas públicas del país que la Comisión Nacional de Hidrocarburos informara que la producción privada de petróleo aumentó en junio del presente año con respecto a mayo en 4.3 por ciento, al producir 58 mil 644 barriles por día.

POR MANUEL RODRÍGUEZ
DIPUTADO FEDERAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA 
@manuel_rdgn
lctl


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