Líbano lleva en su memoria reciente guerras, violaciones a su soberanía territorial, crisis políticas, problemas de sanidad y energía, aumento de la pobreza y desigualdad (cinco por ciento controla más de 65 por ciento de la riqueza), deuda externa exorbitante (que equivale a 170 por ciento del Producto Interno Bruto), desempleo de 40 por ciento, la crisis del coronavirus este año. El martes 4 de agosto se sumó la explosión de dos mil 750 toneladas de nitrato de amonio almacenados en el puerto de Beirut, la principal puerta de entrada para las importaciones que representa alrededor de 70 por ciento del comercio exterior del país. El estallido pulverizó el puerto y devastó los barrios de los alrededores. El resultado: al menos 158 muertos, seis mil heridos, 300 mil personas sin hogar, 21 desaparecidos, entre ocho mil y 12 mil millones de euros en daños.
El nitrato de amonio permanecía almacenado en Beirut desde 2013. Iba en un barco cuyo destino era Mozambique, adonde nunca llegó por problemas técnicos, disputas financieras y diplomáticas; fue abandonado por el empresario ruso que lo había arrendado. Ni la Dirección de Aduanas ni las autoridades del puerto dieron seguimiento. El presidente Michel Aoun y el primer ministro Hassan Diab fueron advertidos personalmente de su peligrosidad el 20 de julio pasado.
Con frecuencia se ha designado a Líbano como “la Suiza de Medio Oriente” o se habla de él con el lente de la geopolítica. El trance de dificultades de este país sólo puede entenderse con la perspectiva de la compleja realidad de su sociedad y sistema político. Fue objeto de la codicia de potencias regionales e internacionales durante tres siglos; forma parte del marco inmediato del conflicto árabe-israelí desde 1948 y es rehén de la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita.
Líbano se rige desde su independencia en 1943 con un modelo de gobernanza que no permite a ningún líder tomar decisiones que involucren a la totalidad del país. Con algunos ajustes al terminar la Guerra Civil en 1990, se consolidó un sistema que, más que preservar la paz de sus seis millones de habitantes (1.5 millones de refugiados sirios y cerca de 450 mil palestinos) asegura la supervivencia de un establishment integrado por partidos basados en el culto a la personalidad de señores de la guerra, líderes de clanes que usan al Estado para alimentar a su comunidad religiosa o étnica. El sistema económico y bancario salvaje, junto con los vecinos conflictivos, agudizan las fracturas internas.
El pasado lunes se anunció la dimisión del gobierno de Dieb, pero el proceso de formación del nuevo gabinete puede prolongarse indefinidamente. Líbano necesita una nueva Constitución y ley electoral que privilegien el espíritu de ciudadanía y nación. Desde el 17 de octubre, gran número de libaneses había vuelto a manifestarse para exigir la renovación del Estado. El camino promete ser largo y doloroso.
[nota_relacionada id=1191548]POR MARTA TAWIL
INVESTIGADORA EN EL COLMEX
ORBE@HERALDODEMEXICO.COM.MX
eadp