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Enredo jurídico en la Cámara de Diputados

Acusan a su presidenta, Laura Rojas, de contratar abogados particulares para litigar vs. el presidente López Obrador

OPINIÓN

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Al borde del naufragio se encuentra la controversia que interpuso la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en contra del decreto que permite al jefe del Ejecutivo Federal disponer de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública.

Como presidenta del recinto legislativo de San Lázaro, la diputada panista “contrató” abogados particulares para elaborar y presentar el trámite ante la Suprema Corte, lo que contraviene diversas disposiciones legales.

Por si fuera poco, este grupo de abogados, conformado por Juan Carlos Peniche, Sergio Delgado Fernández, Ricardo Juanes Laviada y Luis Alcántara Silva, también ha litigado diversos asuntos en contra, nada más y nada menos, que del propio Congreso de la Unión.

Toda esta información se desprende de un informe que entregó la Dirección de Asuntos Jurídicos del Palacio Legislativo de San Lázaro, encabezada por Luis Genaro Vásquez, al presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado.

En el documento enumeran todas las “irregularidades” que detectaron en el trámite ordenado por Rojas García, como el hecho de que nunca consultó ni notificó al área jurídica de la Cámara, y los abogados particulares fueron designados para oír y recibir notificaciones que surjan de la controversia interpuesta el pasado 19 de junio.

También señalan que la presidenta de la Cámara actuó discrecionalmente, porque tampoco comunicó, consultó, ni discutió el tema, ni con los integrantes de la Mesa Directiva, ni de la Junta de Coordinación Política, mucho menos con diputados de otras fracciones o comisiones. Advierten violaciones a la Ley Orgánica, a la Ley Reglamentaria de las Fracciones y a la Carta Magna. Además de que recuerdan que fue la propia Dirección Jurídica la que advirtió en su momento que era improcedente la controversia, porque la orden presidencial en torno a las Fuerzas Armadas es parte de las atribuciones que la Constitución le confiere.

Por esa razón, diputados de Morena y del PT ven cada vez más lejos la posibilidad de que prospere la controversia de Laura Rojas quien, en su defensa, ha dicho que los abogados que “contrató” lo hacen pro bono, por amor al arte.

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Como sea, el tema ya generó una tensión innecesaria en San Lázaro, y eso sin duda meterá ruido en todas las negociaciones que vienen de cara al próximo periodo ordinario de sesiones, porque Morena y sus aliados velan armas para cobrar la afrenta.

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Uno de los temas pendientes en San Lázaro es la designación de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y, por lo que me adelantan, existe toda la intención de que las elegidas sean cuatro mujeres.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Si las leyes pudiesen hablar, se quejarían en primer lugar de los abogados”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ

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