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Atrápenos, si (con sus leyes) pueden

Urge debatir si la delincuencia organizada debe mantenerse como materia exclusivamente federal

OPINIÓN

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La difícil tarea de procesar y sentenciar a integrantes de la delincuencia organizada trasciende los lugares comunes del debate cotidiano, como el de “su poder de fuego”, los recursos económicos a su alcance o la apología del delito. Existe un aspecto urgente de estudio y análisis: la sofisticación técnica y orgánica de sus células operativas, causa principal de que se logren detenciones por delitos flagrantes, pero no la activación del andamiaje legal específico para este nivel de delincuencia.

En mis primeras experiencias operativas, al detener un vehículo por circular sin placas u otra anomalía visible, a veces el conductor confesaba haber robado el automóvil. Con esa espontánea confesión, se presentaba a la autoridad ministerial. Sucedía después que:

1. Se exigía acreditar la propiedad del bien robado.

2. No existía denuncia.

3. Vencido el plazo, el detenido era liberado sin cargos. El auto, al corralón para siempre.

Después de múltiples casos similares, entendí se trataba de un modus operandi del crimen organizado. El tripulante del vehículo era un “halcón” o informante y el carro pertenecía a la “flotilla” del cártel. Fue mi primera noción —basada en el método científico— de que los “ingenieros” de procesos de la delincuencia entendían los requisitos de procedibilidad de la ley penal y aleccionaban a sus integrantes.

El afán de estos grupos por evitar ser procesados por la ley que rige la materia, los ha llevado a lo que pudiera llamarse: diseño de procesos para la impunidad. Estos incluyen, entre muchos otros aspectos:

—Reclutamiento de personas de lugares distintos al de su bastión.

—Formación de grupos por misión para inmediatamente fragmentarlos. Así no generan conocimiento unos de otros ni reinciden como banda en la actividad criminal.

—Estudio de las fiscalías locales para evitar que delitos del fuero común sean de interés del fuero federal. Ejemplo: robo de vehículos, a casa habitación y hasta algunos homicidios de aparente relevancia menor.

Control de comunicaciones de sicarios y operadores, a quienes se prohíbe adquirir telefonía propia.

—Administración, entrega y resguardo del armamento empleado.

Relaciones trianguladas con abogados y despachos de prestigio, para defender o demandar sus intereses en asuntos mercantiles, civiles y, desde luego, penales.

La complejidad de obtener sentencias condenatorias por delincuencia organizada es proporcional a los daños que genera diariamente. Debe apoyarse a las entidades federativas ante este desafío, no sólo con recurso humano especializado, sino en su marco normativo.

Urge debatir si la delincuencia organizada debe mantenerse como materia exclusivamente federal, con la ventaja que ello implica a los grupos que se empoderan quebrantando a diario leyes del fuero común. Los desgloses de procuradurías o fiscalías locales hacia la instancia federal llegan tarde, imposibilita procurar justicia y apoyar eficazmente a las víctimas.

Algunos criminales parecen gritar triunfalmente en su huida: “¡Atrápenos!, si con sus leyes, pueden”. [nota_relacionada id=1127926]

POR MANELICH CASTILLA CRAVIOTTO

COLABORADOR

@MANELICHCC

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