Cualquiera pensaría que en México los académicos se pueden expresar con toda libertad, tanto en sus publicaciones como, hoy en día, en las redes sociales. Sin embargo, nunca deberíamos dar por sentado las libertades que hemos conquistado. Así pude descubrirlo el 11 de abril de 2019 cuando Juan Carlos Domínguez, director académico del Instituto Mora ?un centro público de investigación del Conacyt en el que me desempeñaba como investigador?, me citó en su oficina para reprenderme por haber enviado un simple tuit.
El contenido del tuit es lo de menos. Se trataba de un mensaje en el que quien escribe felicitaba a Ricardo Valero por su inminente nombramiento como embajador en Argentina, antes de que el mismo se hubiese oficializado. Al parecer, argumentaba Domínguez, el mensaje resultaba una “imprudencia”, e incluso, constituía una falta al código de ética, aunque nunca logró explicar a qué parte de él.
El reclamo que me formulaba era tan ridículo como extravagante. Sin embargo, el sujeto estaba a tal punto convencido y fuera de sí que en un principio consiguió intimidarme. En un punto, sin embargo, la conversación derivó en una solicitud que me resultó inadmisible: “Te quiero pedir que tengas cuidado con las cosas que tuiteas, porque puedes afectar la reputación del Mora”.
Era evidente que lo que estaba intentando hacer esa autoridad era coartar mi libertad de expresión. No era ni es un misterio que, tanto a él como a otras autoridades del Mora –guiadas por el resentimiento a esta administración–, mis posturas públicas y apariciones en medios nunca gustaron; lo que derivó en un permanente hostigamiento y, finalmente, en mi expulsión.
¡No te pierdas el podcast 'Fuera de tono'!
Lo interesante de esta anécdota es que, en el momento en que le señalé al director que su solicitud ponía en riesgo mi libertad de expresión, aseguró visiblemente exaltado: “Aquí no estás hablando con el jefe de redacción de un periódico, sino con el director académico del Instituto Mora”. Tales fueron las palabras de Domínguez para quien la libre expresión, por lo visto, es un tema que solo atañe al periodismo.
Estoy citando palabras de forma textual. Aquel funcionario del Mora estaba a tal punto convencido de obrar correctamente para proteger la “reputación de la institución” que no tuvo reparo en ponerlo por escrito en un informe. Su contenido hoy es público gracias a que formulé una petición de transparencia para obtenerlo (número 1128000007219).
Un funcionario que adopta una conducta de este tipo debiera ser llamado a cuentas y, eventualmente, sancionado. En el Instituto Mora, sin embargo, su directora general, Diana Guillén, no solamente lo protegió (e incluso se negó a recibirme para tratar el tema), sino que las autoridades castigaron mi insolencia, por haber dado a conocer estos hechos. Unos meses después les resultó muy sencillo orientar las reglas para apartarme de la institución.
El 25 de noviembre de 2019 acudí a la CNDH a presentar una queja, la cual aún no se resuelve. Es una pena que dentro de los centros de investigación del Conacyt, sus autoridades asuman comportamientos de tipo caciquil, y se crean con el derecho de silenciar una voz, porque les resultan desagradable, incómoda o simplemente “imprudente”. [nota_relacionada id=1154691]
POR HERNÁN GÓMEZ BRUERA
HERNANFGB@GMAIL.COM
@hernangomezb
lctl