La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no fue considerada una instancia de seguridad nacional en el proyecto original de la Ley de Seguridad Nacional de 2003 que elaboró el CISEN de Eduardo Medina Mora y que presentó el ex senador del PRI Enrique Jackson. Sin embargo, la Cámara de Diputados corrigió la minuta que recibió de su colegisladora y estableció que el titular de la SCT tenía que formar parte del Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
Entre los argumentos que surgieron en este tiempo eran que la SCT tenía bajo su administración infraestructura crítica del país que es considerada como factor del poder nacional como son las Administraciones Portuarias Integrales (APIs), carreteras y puentes federales, satélites, así como una parte importante de las comunicaciones del país.
Pedro Cerisola, ex titular de la SCT con Fox, nunca cabildeó en favor de incluir a la SCT como miembro del CSN, fue el Congreso quien lo estableció efectivamente. Era natural que la SCT fuera integrante del CSN y que áreas estratégicas de su estructura orgánica fueran declaradas instancias de seguridad nacional.
La SCT forma parte integral de dos componentes fundamentales del poder nacional del país: el económico y el tecnológico. Todos los Estados nacionales han dependido por siglos de los ingresos que generan los puertos y sus aduanas. Por lo anterior, es natural que existan conflictos interinstitucionales por el poder nacional en temas vinculados con puertos, aduanas, fronteras, infraestructura y comunicaciones.
Por supuesto que, con la decisión del presidente de México de ordenar a la Secretaría de Marina ejercer el control de los puertos, se da un manotazo en la evidente mala administración que existe en la industria marítima mercante que se ha dejado corroer no solo por el salitre del mar sino por la corrupción que existe en la SCT y las APIs.
Esta corrupción ha permitido que por los puertos del país ingresen grandes cantidades de precursores químicos que necesitan los cárteles para transformar la marihuana y el opio en poderosas y costosas drogas sintéticas que se venden en EU.
El diagnóstico de la alta corrupción en las APIs motivó una importante reforma durante el sexenio anterior que estableció que la SCT se estableciera como la Autoridad Marítima Nacional. Hubo resistencia del sector mercante para sacar esta ley que pasó sin problema y sin aspavientos en la legislatura y gobierno anteriores.
La renuncia de Javier Jiménez Espriú como secretario de la SCT se debe leer a la luz de los intereses institucionales que trata de defender la burocracia, industrias, despachos de abogados y sindicatos de este sector. El argumento de la “militarización” es muy mediático, pero hay que analizar además los problemas que genera a la seguridad nacional del país en términos de las fronteras y puertos inseguros y con altos niveles de corrupción que persisten. [nota_relacionada id=1159882]
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POR GERARDO RODRÍGUEZ
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