Una buena noticia para la Ciudad de México se dio el sábado pasado, a través de Twitter la diputada morenista, Martha Ávila, publicó: “Sobre la propuesta de una iniciativa ciudadana de reformas al Código Civil en materia de arrendamiento (…) Vemos que es un tema polémico y queremos compartirles que no existen condiciones por el momento para llevar a cabo dichas modificaciones, se requiere más tiempo para construir con todos los actores un dictamen que no vulnere los derechos de las partes en contratos de arrendamiento”.
Y digo que es una buena noticia para la ciudad por varias consideraciones, la primera y más importante, es porque correctamente se ha decidido no seguir adelante en la aprobación de dichas reformas, claramente antijurídicas, que dejaban en estado de indefensión a los arrendadores y atentaban de facto contra el derecho del ejercicio de la voluntad en los actos contractuales, además de que prendían trasladar la responsabilidad del estado a los propietarios de garantizar vivienda digna a la población.
En una Ciudad afectada terriblemente por la pandemia, donde muchos sectores de la actividad económica siguen paralizados y el gobierno ha decidido apuntar al sector de la construcción para generar una reactivación económica, ¿en qué momento se les ocurrió a diputados del partido gobernante tratar de aprobar una legislación que causa tal incertidumbre entre los inversionistas?
Hay cosas de no creerse, y esta es una de ellas; por suerte, los diputados recularon, pero tardaron casi dos semanas en corregir la plana, y aunque es bien recibida la declaración de la diputada Ávila, solo queda por garantizar, que en el futuro no se pretenderá aprobar algo similar.
No existe peor escenario para la inversión que la incertidumbre, dudo mucho que alguien quiera invertir su patrimonio en la ciudad si se siguen mandando este tipo de mensajes, pues no es la primera vez; el año pasado hubo ya otro intento de la misma naturaleza.
Hoy más que nunca, nuestros legisladores tendrían que entender la necesidad de dar certeza a los poseedores del capital, no pueden seguir siendo vistos como a los qué hay que castigar por el simple hecho de tener dinero o de poseer una propiedad para rentar. La ley es un instrumento que debe garantizar la igualdad; tratar de utilizarla para anteponer los intereses de un grupo sobre otro, es una perversión en el ejercicio del poder.
[nota_relacionada id=1149509]El gobierno tendrá que encontrar la forma de apoyar a las familias que no pueden seguir pagando renta, pero no a costa de los propietarios, es su obligación buscar alternativas viables para apoyar a la población que ha visto mermados sus ingresos.
Si al final de cuentas no estaba decidido aprobar dicha legislación y lo único que se consiguió, una vez más, fue generar encono e incertidumbre, vale la pena preguntar, cómo lo hacía “El Divo de Juárez" ¿pero qué necesidad?
POR HÉCTOR SERRANO
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