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'La Educación en tiempos del centralismo, sin calidad ni excelencia”

Se aprobó una ley con errores técnicose imprecisa, que no está pensada en las necesidades de los estados

OPINIÓN

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La educación en nuestro país, de la mano del centralismo y el autoritarismo, parece entrar a un periodo en el que la calidad y excelencia no serán los ejes rectores.

Fue en mayo de 2019, en el Congreso de la Unión, cuando se aprobó la Reforma Constitucional en materia Educativa, la cual mandató la creación de nuevas leyes generales: la de Educación Superior, así como la de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El texto constitucional modificado sólo consolidó la aprobación de los sectores y sindicatos magisteriales, las y los legisladores de la 4T plasmaron un articulado de forma ambigua y complaciente.

Por lo anterior, el Partido Acción Nacional tomó la decisión de votar en contra de esta reforma.

Derivado de la misma, se aprobó la Ley General de Educación, con un sentido profundamente centralista, sin considerar las observaciones que hicimos desde el PAN ni las reflexiones ni análisis emitidos por gobiernos estatales, instituciones educativas, escuelas particulares y las propias dependencias como el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed).

A partir de esta ley, el Ejecutivo federal propuso una Ley Marco de Educación para las Entidades Federativas. Lamentablemente dicha ley no es más que una copia ajustada de aquella Ley General de Educación, con errores técnicos, redundante e imprecisa, sin innovación educativa y que, nuevamente, no está pensada en las diferencias y necesidades de los estados de la República Mexicana.

Cabe mencionar que los congresos locales no están obligados a tomar la propuesta tal cual, ya que son soberanos.

Al congreso local de Puebla le correspondía profundizar en el análisis; las y los legisladores debieron evitar a toda costa trasladar los errores técnicos a los sistemas locales, lo que hoy está generando una gran molestia y confusión entre los actores de la educación.

Ejemplo de ello son los artículos 105 y 121, en el primero se determina que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por instituciones particulares formarán parte del Sistema Educativo Estatal; mientras que en el segundo se establece que las instituciones públicas de educación superior colaborarán con instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se les destinen, en ambos casos no se garantiza el principio de legalidad y la libertad académica.

Lo sucedido en Puebla es grave y preocupante, se manda el mensaje de que el congreso local es subordinado del gobierno federal, manteniendo el enfoque centralista y sin pensar en las necesidades que demandan niñas, niños y adolescentes para acceder a una educación de calidad y excelencia, lo que debe ser punto central y de partida en esta ley.

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POR VERÓNICA MARÍA SOBRADO RODRÍGUEZ / DIPUTADA FEDERAL
E INTEGRANTE DEL GRUPO ANTICORRUPCIÓN
@VERONICASOBRADO

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