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Las finanzas de los gobernadores en tiempos del COVID-19

OPINIÓN

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La discusión en el mundo sobre la atención de la pandemia del COVID-19 se ha anclado principalmente en tres temas: búsqueda de la vacuna, atención oportuna a los enfermos y cómo resolver la crisis económica. En México, la política de salud y económica a nivel federal ha sido delineada –con opiniones divergentes de la oposición– y se ha dejado claro (principalmente por Segob, Ssa y el Consejo de Salubridad General) que las entidades federativas debían diseñar una estrategia propia y coordinada. Las tareas no son menores. Tan sólo el Consejo de Salubridad General instó a los estados para complementar el esfuerzo en materia de atención a la salud, infraestructura hospitalaria, así como establecer medidas de “distanciamiento social” en distintos sectores. Lo anterior representa un reto de políticas públicas de salud, economía y gasto para las entidades. 

Las finanzas públicas estatales deben adecuarse a un escenario fuera de lo programado. El asunto se vuelve más complejo si observamos la histórica dependencia de las entidades federativas a las transferencias federales (más de 80 por ciento de los ingresos estatales) y la estimación a la baja en estas participaciones para 2020 (-8% de lo programado) y 2021 (-5.2 % real) que la SHCP hace en los “Pre-Criterios 2021”. Además, la recaudación local en México, que seguramente se verá afectada, es de 0.9%del PIB, por debajo de 5.1 por ciento de la media de la OCDE. Los gobernadores, en una responsabilidad que es primordialmente de la Federación, enfrentan una nueva realidad: procurar proveer atención médica oportuna, tener infraestructura suficiente de salud, salvaguardar el ingreso de las familias, cuidar el empleo y fomentar la viabilidad de los comercios y empresas –y pretender hacerlo todo con un menor presupuesto. 

Para la crisis de 2008 algunas entidades federativas optaron por resolver algunas de estas necesidades vía financiamiento, con algunos casos de abuso. Hoy la realidad en materia de control, disciplina, transparencia y rendición de cuentas es distinta a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. El ritmo de endeudamiento de los estados desde 2016 es más controlado: disminuyó como porcentaje del PIB al pasar de 3.1 a 2.6%

Los gobernadores tienen un marco jurídico más confiable a los ojos de los ciudadanos para financiarse vía deuda y atender algunas de las necesidades prioritarias (con inversión pública productiva) que nos ha impuesto la pandemia del COVID-19. La realidad social se impone y obliga a reinterpretar el concepto de deuda. Vale la pena que el Legislativo revise el alcance de la Ley de Disciplina Financiera para atender otros aspectos de la crisis, principalmente los relacionados a la atención de la población más vulnerable.

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EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR UNIVERSITARIO
@EMILIOSL

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