Con el advenimiento del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la economía entró en un proceso de deterioro que era reversible, pero ahora ha dejado de serlo. En el primer año del gobierno, 2019, había reservas financieras que le permitieron al nuevo gobierno empezar a cumplir con sus promesas de campaña. Pero nada más.
La cancelación del aeropuerto de Texcoco, conocido como NAIM, fue una señal de alerta de que la inversión privada no era, ya, bienvenida en México. Una consulta hechiza y carente de toda credibilidad-el desprestigio de la Fundación Rosenblueth incluida-marcó el inicio de una nueva era en las finanzas públicas. Para evitar entrar en grandes litigios internacionales (como las que persiguieron al gobierno argentino durante años con sus acreedores financieros globales) el gobierno federal pagó por adelantado todo lo que iban a invertir más una tasa razonable de utilidad: upfront. Es decir, en efectivo y por adelantado. Un negocio excelente para los bonistas y criminal para el pueblo de México, quien paga esa transacción irresponsable con sus impuestos.
Aún estaba el gobierno a tiempo de salvar la relación con los inversores internacionales, debido a la presencia de varias empresas en curso de avanzar los sectores de energía, automotriz, alimentos.
En vez de recapacitar, el gobierno profundizó el pozo que empezó a cavar con la cancelación del NAIM. La CFE canceló unilateralmente la operación de ductos construidos para traer combustible desde Estados Unidos a nuestro país para abastecer las necesidades del mercado nacional. El acto de la autoridad generó un conflicto internacional y tuvo que resolverse modificando algunas cláusulas de los contratos, alargando pagos y tiempos de administración de la infraestructura.
Después empezó PEMEX con la cancelación de las subastas de lotes para la exploración y explotación de la cuenca petrolera, que estipulaba la ley. Hasta la fecha no se han iniciado los “farm-outs”, infringiendo unilateralmente lo acordado previamente.
Incluso, ahora PEMEX quiere apoderarse de un campo petrolero que la empresa Talos Energy descubrió y se prepara para explotar. Una vez más el gobierno actúa unilateralmente y sin tomar en consideración las leyes que rigen el comportamiento de los inversores foráneos.
El gobierno impulsó otra consulta “popular” sin tomar en consideración las estipulaciones legales para llevar a la práctica ejercicios ciudadanos de ese tipo. En Mexicali, Baja California se puso a consideración la construcción de una planta productora de cerveza, que ya se había autorizado. La consulta rechazó la obra, que ya llevaba un avance importante. El gobierno federal canceló el proyecto que habría generado miles de empleos directos e indirectos.
Después el gobierno, en plena recesión económica a mediados de 2020, con pronóstico de un crecimiento de -10% del PIB para este año, decidió cancelar todas las inversiones privadas en energías alternativas que sumaban unos 6 mmd para este año, además de la creación de miles de empleos.
En la antesala de la entrada en vigor del T-MEC, los barruntos de inconformidad en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea con el rechazo del gobierno mexicano a la inversión extranjera crece a una velocidad inesperada.
Lo dijo con todas sus palabras el embajador estadounidense en la capital mexicana: “Este es un mal momento para invertir en México”. Eso, mientras el presidente López Obrador lanza, otra vez, una invectiva contra la inversión española en México: “No nos van a volver a saquear”. Claro, si el Presidente mexicano se lanza contra empresarios, periodistas, mujeres, creadores, científicos de su propio país, con más razón les da el mismo trato a extranjeros.
Ese es el escenario general. El escenario social es que el desempleo formal e informal ya suma 12 millones de personas, millones de empresas cerradas, cientos de miles de hombres y mujeres infectados de COVID-19 y más de 26 mil muertos por la pandemia.
La pandemia no es una creación de este gobierno, obviamente. Pero su mal manejo sí es su responsabilidad. Datos escondidos o falsos, orientaciones confusas y contradictorias, aunadas a la intención del gobierno de culpar a la ciudadanía de la creciente propagación del mal, por indisciplina y porque la gente “no usa tapabocas”.
La recesión económica venía antes de la pandemia y se profundizó con ella.
La violencia del crimen organizado también venía antes de la pandemia. El gobierno de López Obrador va a terminar con el doble de violencia que el sexenio de Calderón, a como van las cifras ahorita. En sus giras a distintos puntos del país, el Presidente prefiere pernoctar en los cuarteles militares por temor a algún atentado. Y tiene toda la razón. La situación del país es terrible en materia de violencia y, especialmente, debido a la ocupación territorial que de él ha hecho el crimen organizado.
El escenario nacional es de un deterioro acelerado de los factores que tradicionalmente le daban estabilidad a cualquier gobierno. Junto con el retiro de capitales foráneos y la profunda recesión económica, crece la inconformidad social en todo el territorio. Ya no hay giras tranquilas para el Presidente. En todos lados hay protestas en su contra, o expresiones de inconformidad por la situación económica general del país.
Y después vino el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana en la capital, ni más ni menos. Sobrevivió de milagro. Pero el reto está planteado. La frivolidad presidencial ante la violencia y el crimen organizado ya cuesta muchas vidas, y muy valiosas.
Este escenario complejo y peligrosa, aunado a un equipo gobernante incompetente, polarizante y estúpidamente ideológico, está llevando el país aceleradamente a una situación de posible colapso.
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RICARDO PASCOE PIERCE
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IRV / jram