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Participación de familias, como sí

OPINIÓN

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Hace unas semanas se aprobó en Aguascalientes el llamado PIN parental, una iniciativa encaminada a que las familias decidan si sus hijos toman o no clases de educación sexual. Hay proyectos similares para modificar la legislación de Querétaro, Chihuahua y Nuevo León.

El curso legal de cada iniciativa será en los estados y ya hay iniciativas para mostrar que es inconstitucional. Mientras esto sucede, es importante preguntarse ¿qué implica para las educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se apruebe el PIN parental?, y ¿cómo es la participación de las familias en la escuela para garantizar los derechos de NNAJ?

El PIN parental es en realidad un veto a que las y los estudiantes puedan acceder a educación necesaria y pertinente para su desarrollo físico y emocional que viola el derecho a la educación y a la salud.

La evidencia muestra que la educación integral para la sexualidad es fundamental para que todas las personas crezcan con la información clara y sustentada sobre el tema. De acuerdo con la UNESCO, tiene efectos positivos en las actitudes y conocimientos de las y los jóvenes hacia la salud porque no aumenta la actividad sexual temprana y sí puede genera mayores cuidados para evitar embarazos tempranos y enfermedades de transmisión sexual.  Además, es una oportunidad para educar con perspectiva de género.

Para que la educación en sexualidad logre mejores resultados, los programas escolares se deben complementar sí con la participación de padres y docentes y en coordinación con estancias de salud y educación; sin embargo, al aceptar el PIN parental se pierde la oportunidad de trabajar en conjunto para que, tanto en la escuela como en la casa, se proporcione información basada en evidencia y se deja a muchos estudiantes sin la posibilidad de aprender lo que necesitan para su sano desarrollo. En ocasiones implica que su única fuente de información sea charlas con sus pares o búsquedas en internet.

La educación integral en sexualidad es una herramienta indispensable para disminuir y detectar el abuso sexual. En México durante 2019 se presentaron más de 51 mil casos que podrían ser muchos más porque el índice de denuncia es del 1%. En este escenario que un NNJ pueda encontrar un ambiente seguro donde su caso sea identificado y las y los maestros puedan canalizarlo adecuadamente resulta prioritario para atender el problema.

Existe el interés de familias en diferentes estados de contar con herramientas que las apoyen en la educación de sus hijas e hijos en el tema de la sexualidad. Lejos de dar poder de veto las familias requieren que el andamiaje legal e institucional les ofrezca esas herramientas que necesitan.

Hay razones para que las familias apoyen y trabajen con la escuela por una educación integral para la sexualidad, no se trata de violar su derecho a educar a sus hijos, se trata de buscar cómo la familia participa en la escuela para generar una comunidad que provea a todas y todos los estudiantes información relevante, acompañamiento y protección. Una familia que se informa y que sabe qué aprenderá su hijo o hija en la escuela contribuye a una sociedad con menos embarazos tempranos, menos abuso y menos enfermedades de transmisión sexual. Beneficia a NNAJ y nos conviene a todos. [nota_relacionada id=1059788]

POR LAURA RAMÍREZ

COORDINADORA DE ACTIVACIÓN, MEXICANOS PRIMERO

@LAURAMI0316

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