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Urgencia para legislar sobre archivos

OPINIÓN

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Quince días y contando. Les queda poco tiempo a los estados que no han armonizado su norma jurídica local a la Ley General de Archivos (LGA) y la propia pandemia es uno de los retos a vencer en los próximos días y meses. 

La última gran ley general relacionada con la transparencia está a punto de llegar a su cúspide con la aprobación de las leyes locales de archivo en 25 estados, con lo que se busca mejorar la gestión documental y sobre todo contribuir al Derecho de Acceso a la Información Pública en México.

Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas ya armonizaron sus leyes con la LGA; Ciudad de México y Tlaxcala ya aprobaron sus ordenamientos, pero aún no los publican. Algunas otras entidades se encuentran en la última etapa, solventando las observaciones realizadas por el Archivo General de la Nación (AGN) o el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Aunque suene repetitivo, hay que decirlo: la Ley de Archivos tiene una estrecha relación con la transparencia, porque la buena organización documental puede incidir en el ejercicio del derecho de acceso de información. 

Los congresos locales, gobiernos estatales y sujetos obligados tienen que enfrentar varios retos. En medio de la pandemia, el primero de ellos es alcanzar Pleno para sesionar, respetando las medidas sanitarias. Varias legislaturas aprobaron sesiones virtuales que les permita transitar a las plataformas digitales para validar sus acuerdos, aprobar leyes y designaciones.

El otro gran reto que se incrementa con la emergencia sanitaria es la disponibilidad presupuestaria en la federación y en las entidades -con finanzas de por si endebles- para atender la organización de los archivos en las instituciones públicas. Dar cumplimiento al piso mínimo que establece la Ley general y generar la estructura administrativa que exige la misma no es un asunto menor.

El desafío se incrementa cuando la SHCP ordenó para el segundo semestre de este 2020 un recorte de 75 por ciento en el gasto público de dependencias federales; exceptuando la Secretaría de Salud, la de Marina y la de Defensa Nacional. El propio rezago en el que se encuentran miles de archivos es otra de los grandes dificultades a vencer. Si bien se ha brindado capacitación en los últimos años, la tarea para ordenar y organizar los documentos que generan las autoridades en el marco de sus atribuciones durante años durmieron el sueño de los justos.

Las dos instituciones involucradas han realizado dos encuentros virtuales para difundir los retos de la armonización de archivos y profesionalizar a los servidores públicos de órganos garantes y de los sujetos obligados. 

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Sin duda, sobre la puesta en marcha de los ordenamientos locales se encontrarán puntos endebles y áreas de oportunidad para reorientar el trabajo en la organización de los documentos oficiales. Todo es perfectible, incluyendo la propia Ley General, con tal de garantizar el patrimonio de la nación y el derecho a la verdad y a la memoria histórica.

POR NALDY RODRÍGUEZ
TRANSPARENCIA3.0@HOTMAIL.COM
@YDLAN


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