Hace poco, mientras toda la atención pública se centraba en la doble crisis: sanitaria y económica, el presidente firmó un acuerdo polémico. Criticado por especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, en él “se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria…”. El decreto solo legaliza lo que ha venido ocurriendo por años. A falta de policías eficientes y honestos, solo nos quedan los militares. Es una razón de fuerza.
Esto ocurre un año después de que se decretara la creación de la Guardia Nacional (GN). Con ella, se trataba de construir un nuevo cuerpo policiaco civil, sano y confiable que se apoyaría temporalmente en la honestidad y experiencia de mandos militares. Eventualmente, su consolidación daría paso a un mando civil. Las fuerzas armadas podrían regresar a sus cuarteles. Era la fuerza de la razón. Un buen argumento que debería pasar, literalmente, la prueba de fuego.
Sin embargo, el nudo gordiano de la violencia estructural no se resuelve fácilmente y un año después, la GN no ha logrado disminuir la violencia. La fuerza armada “permanente” sigue en las calle patrullando y su actuar es hoy legal. La razón de fuerza se impuso a la fuerza de la razón.
¿Porqué ocurre así? Porque el Estado no ha podido controlar la seguridad pública. Ese es el verdadero problema. Sin duda, la raíz social importa. La violencia estructural de la desigualdad obliga a las mayorías a vivir sin oportunidades y tener en el crimen una opción. Los programas sociales del gobierno federal son una millonaria inversión que trata de atender esto. Queda por evaluar, cuantitativamente, su resultado. Sin embargo, los datos no son prometedores. La criminalidad ha seguido incrementándose a lo largo de este sexenio y 2019 fue el año más violento de que se tenga registro.
Sin embargo, la causa de fondo para la permanencia el ejército en las calles es la incapacidad de contener la violencia. Es un asunto de autoridad democrática. Durante tres sexenios, de tres facciones políticas distintas, no hemos podido construir en México las bases institucionales de una seguridad pública de mando civil que garantice la paz. No hemos logrado que la fuerza de la razón se imponga a la razón de fuerza. No tenemos Estado de Derecho pleno. En algunas regiones del país, las instituciones de seguridad están rebasadas. Por eso se atienden los síntomas y no las causas. Lo urgente sobre lo fundamental. La legalización de la presencia militar en las tareas de seguridad pública es el último recurso de un gobierno que simplemente no lo hace distinto a sus antecesores porque no puede.
¿Y porqué? Porque desde el gobierno de Calderón, luego con Peña y ahora con López Obrador, no se han logrado crear policías estatales y municipales profesionales. Y sin policía civil eficiente, solo quedan los militares. La centralización del poder de fuerza sigue demostrando que solo se confía en estos últimos. Arrinconado, el presidente traiciona una de sus promesas: regresar el ejército a sus cuarteles. En respuesta a las críticas, afirmó: “aunque me critiquen de militarizar al país, estoy convencido de que es necesario”. La razón práctica sobre los ideales.
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Que nadie se llame a engaño. Sabíamos que sacar apresuradamente a las fuerzas armadas de la lucha contra el crimen organizado sería una locura. La GN es parte de la solución. Pero es algo muy distinto apostarle todo a la carta única de la disciplina militar. Hay que construir policías civiles, porque no “sólo el pueblo salva al pueblo”, en alusión al nacionalismo del personal militar. En democracia son las instituciones las que deberían salvar al pueblo. Constitucionalmente, el Estado tiene derecho al uso de la fuerza. El decreto reciente blinda a las fuerzas armadas y al presidente. No al pueblo mexicano. La fuerza de la razón, un Estado de Derecho pleno, sigue siendo un ideal lejano.
POR SERGIO TORRES
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