Desde que la OMS declaró como pandemia al COVID-19 era posible advertir grandes repercusiones en todos los sectores y actividades. Así, ante la propagación del virus, los gobiernos de todos los países se han visto obligados a adecuar sus actividades y las de la población a esta “nueva normalidad”, y el ámbito electoral no ha sido la excepción.
En México se han tomado diversas acciones para frenar la propagación del virus; sin embargo, en el ámbito electoral no existe ninguna previsión legal que establezca el protocolo de actuación frente a una crisis sanitaria. Por ello, siguiendo las medidas adoptadas por el Gobierno Federal, el INE suspendió los plazos inherentes a las actividades de la función electoral, lo que incluye las actividades en los 858 MAC[1], además del desarrollo de los Procesos Electorales de Hidalgo y Coahuila, debido a la incompatibilidad de las medidas sanitarias con la naturaleza de los procesos electorales.
Sin embargo, el INE ha continuado aquellas actividades que no suponen un riesgo a la salud de su personal con la finalidad de salvaguardar los derechos de la ciudadanía. Por ejemplo, el viernes pasado el Consejo General aprobó el Acuerdo para extender hasta septiembre de 2020, la vigencia de las credenciales para votar que expiraron en enero pasado; también se decidió expedir constancias digitales de situación registral, con la finalidad de que la ciudadanía tenga garantizado el derecho de contar con un documento que acredite su identidad.
Situaciones como la que estamos atravesando nos deben llamar a repensar nuestro modelo democrático, para que en un futuro sea posible llevar a cabo elecciones que garanticen la integridad de los resultados y los derechos político-electorales de la ciudadanía, aun en condiciones adversas como la que atravesamos. Al respecto el IIDH[2] desarrolló un documento en el que plantea alternativas para el desarrollo de procesos electorales tomando en cuenta la actual situación sanitaria. Por ejemplo, hace patente la importancia de la comunicación entre autoridades electorales, autoridades sanitarias y ciudadanía, para sentar condiciones que atiendan las disposiciones electorales, las medidas de higiene; y dotar a la ciudadanía de información para participar con seguridad y confianza.
También se propone el uso de herramientas virtuales para realizar campañas electorales; para la capacitación electoral, incluir sesiones sobre medidas sanitarias para minimizar el riesgo de contagio; dotar de material sanitario y de desinfección a los centros de votación e, incluso, valorar la posibilidad de reducir el número de votantes por casilla.
El
COVID-19 ha cambiado la forma en la que vivimos, por ello, las sugerencias del
documento son importantes y dan pie para pensar en medidas alternas que
respondan a las necesidades de nuestro sistema electoral y analizar la
pertinencia de su inclusión en nuestro marco jurídico.
Por Dania Ravel
Consejera electoral INE
@DaniaRavel
[1] Módulos de Atención Ciudadana.
[2] Instituto Interamericano de Derechos Humanos.