Seguridad: sin plan B para el día D

Es iluso creer que podremos dejar de disponer de las Fuerzas Armadas, pero es irresponsable no hacer nada

Esta semana se emitió un decreto por el cual el Ejército y la Marina permanecerán haciendo labores de seguridad pública durante cuatro años más, es decir, en la etapa final del sexenio. Vale la pena repasar esta medida, pues nos dice de lo mucho que este gobierno ha quedado a deber en materia de seguridad.

Jurídicamente, es la reafirmación de lo aprobado en el Congreso: un periodo de “transición” para que las Fuerzas Armadas sigan desplegadas mientras la nueva Guardia Nacional construye sus capacidades de personal, de infraestructura y operativas. No aporta nada en términos de limitaciones geográficas a la presencia militar, ni a la subordinación a mandos civiles y mucho menos a una fiscalización de la administración militar.

Es decir, hasta aquí no hay nada nuevo: más allá del discurso, la seguridad sigue militarizada y sin controles.

En términos operativos, el decreto oficializa la marginación, que raya en la irrelevancia, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a quien ordena coordinarse con las secretarías de la Defensa y Marina. Fuera de ello, tampoco aporta nada, en esencia los militares seguirán en las calles como hasta ahora, con el agravante de que en esta administración tienen poca claridad de qué espera de ellos el Presidente.

Lo más relevante del decreto es que prácticamente establece que en 4 años las Fuerzas Armadas dejarán de realizar acciones de seguridad pública. El problema es que nada se ha hecho en este gobierno para avanzar en esa ruta. Se desmanteló la Policía Federal –corporación que estaba destinada a sustituir progresivamente a las Fuerzas Armadas– por una Guardia Nacional que, hasta ahora, no es más que el Ejército en un nuevo uniforme. A ello hay que agregar la militarización de actividades civiles que trascienden la seguridad: desde obra pública hasta reparto de apoyos gubernamentales.

Por otro lado, el gobierno federal ha abandonado por completo la posición de liderazgo para empujar a que estados y municipios construyan corporaciones civiles. Los subsidios en la materia se han reducido sustancialmente y no existe ni una estrategia ni un esfuerzo federal de coordinación. Para muestra, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, una instancia que prácticamente ha quedado en desuso.

¿Qué va a pasar en 2024, cuando venza el plazo del decreto? ¿Qué medidas se están tomando para fortalecer policías estatales y municipales? Me temo que nuevamente se está pateando el balón hacia el próximo gobierno.

Es iluso creer que podremos dejar de disponer de nuestras Fuerzas Armadas en el corto plazo, pero es irresponsable no hacer nada para que ello suceda. Este gobierno ha dejado pasar la oportunidad de aprovechar su poder político para consolidar instituciones civiles. Tampoco ha echado mano de alternativas políticas para desarmar a grupos en regiones conflictivas, para cambiar la política antidrogas o desmantelar aquellas organizaciones que representan una amenaza para la seguridad interior.

El decreto parece ser la sentencia de que en este sexenio no hubo ni habrá política de seguridad. Todo igual, a esperar otros cuatro años, mientras el país se sigue desangrando. [nota_relacionada id=1023873]

POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE

DIPUTADO CIUDADANO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

@GUILLERMOLERDO

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